La escena lo dice todo. Un lunes por la mañana, el Procurador General D. John Sauer presentó ante la Corte Suprema una solicitud de suspensión administrativa de emergencia. El objetivo: reactivar el decreto ejecutivo del presidente Donald Trump que restringe el voto por correo antes de que los estadounidenses acudan a las urnas en noviembre.
El decreto, firmado en marzo, instruye al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social a compilar listas de votantes elegibles por estado, y prohíbe al Servicio Postal enviar papeletas en ausencia a cualquier persona que no figure en la lista de participación por correo de su estado.
La respuesta demócrata no tardó. Funcionarios de 23 estados y el Distrito de Columbia impugnaron el decreto alegando inconstitucionalidad y extralimitación presidencial. Un juez federal de Massachusetts —nombrado por Obama— bloqueó partes de la orden para esos estados de cara a noviembre. El tribunal de apelaciones del circuito rechazó la solicitud de la Administración de pausar esa medida cautelar: dos jueces nombrados por Biden formaron la mayoría; un juez nombrado por Trump concurrió en parte y disintió en parte.
La trastienda del argumento federal es reveladora. Sauer sostuvo ante la Corte que el tribunal de distrito «carecía de jurisdicción para resolver esta disputa prematura», dado que las agencias involucradas aún no han finalizado sus políticas de implementación basadas en el decreto. En apoyo de ese argumento, señaló que en junio el Servicio Postal propuso modificar sus normas para cumplir con la orden ejecutiva. En una audiencia del Senado ese mismo mes, el Director General de Correos confirmó que, de aprobarse, las papeletas por correo no se entregarían en los estados que se nieguen a compartir información sensible sobre votantes con el gobierno federal.
Sauer también argumentó que la medida cautelar «impone un daño irreparable al gobierno» al «obstaculizar la capacidad del presidente de supervisar el Poder Ejecutivo», y que una suspensión administrativa es necesaria para dar a las agencias tiempo suficiente para implementar las políticas.
La magistrada Ketanji Brown Jackson solicitó a los estados demandantes que respondan por escrito antes del lunes siguiente.
El decreto sobre el voto por correo es parte de una agenda electoral más amplia. Trump también ha presionado al Congreso para aprobar la Ley SAVE America, que incluye requisitos de identificación de votantes considerados controvertidos, llegando a amenazar con no firmar otros proyectos de ley hasta que esta avance. A principios de julio, en un discurso en horario estelar, Trump invocó señalamientos sobre supuesta interferencia china en las elecciones de 2020 para respaldar sus reformas electorales.
El proyecto de ley, sin embargo, enfrenta resistencia dentro del propio Partido Republicano. Algunos senadores republicanos han pedido cancelar el receso de agosto para intentar aprobarlo, pero la iniciativa se ha estancado en la cámara alta. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha señalado que los republicanos no tienen los votos necesarios para aprobarlo sin eliminar el obstruccionismo parlamentario —el filibuster—, medida que Thune ha calificado de «mala idea».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que está en juego no es solo una disputa técnica sobre jurisdicción o plazos de implementación: es quién tiene la última palabra sobre las reglas del juego electoral. El Ejecutivo argumenta que la integridad de los padrones es una prerrogativa federal; los estados demandantes responden que la arquitectura constitucional del voto es competencia estatal.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el debate revela una tensión estructural que va más allá de Trump: el aparato judicial ha convertido las medidas cautelares en un instrumento de política, capaz de paralizar decisiones del Ejecutivo durante meses —o años— con independencia de su mérito legal final. Que una jueza de la Corte Suprema deba arbitrar a semanas de unas elecciones nacionales es, en sí mismo, el síntoma de un sistema en el que los tribunales han asumido un rol que los fundadores reservaron a los legisladores.
