Donald Trump anunció el sábado la creación de una nueva «AI Force» y la designación de un nuevo «zar» de la inteligencia artificial para evitar que la industria incurra en malas prácticas. Al mismo tiempo, redobló su rechazo a los temores sobre una superinteligencia artificial apocalíptica, a los que calificó de «engaño».
Trump insistió en que no se quedará de brazos cruzados mientras sus adversarios políticos intentan derribar una industria que considera central para la competitividad de Estados Unidos. En su cuenta de Truth Social, escribió que no permitirá que la «izquierda radical» destruya el país mediante una serie de «hoaxes», entre ellos Rusia, Ucrania, el calentamiento global, dos casos de impeachment, los hombres en deportes femeninos, «Transgender for Everyone» y, ahora, la «decimation, or destruction, of AI», la decimación o destrucción de la inteligencia artificial.
El presidente también mencionó lo que llamó el «crazed Data Center attack», una creciente oposición política a la infraestructura que impulsa el crecimiento exponencial de la IA, y comparó esa reacción con un intento de ir «directamente contra la IA» que debe ser contrarrestado. «No vamos de ninguna manera a obstaculizar ni sofocar el crecimiento de esta industria increíble. Más bien, la apreciaremos, la ayudaremos y la vigilaremos mientras crece», escribió, aunque añadió que también buscará «BAD» a través del sistema de justicia penal existente.
La nueva iniciativa se parece, en su lógica, a Space Force, que Trump dijo haber creado en su primer mandato y que calificó de «tremendous SUCCESS». También afirmó que estaba seleccionando a personas de «High I.Q.». La escena lo dice todo: el presidente quiere presentarse como protector de la innovación, pero también como árbitro de sus excesos.
El anuncio llega en un momento en que el debate sobre la IA se endurece dentro y fuera del Congreso. El investigador de IA Jacob Coxon renunció a la empresa Anthropic y advirtió que la inteligencia supercargada «could kill us all by the end of the decade». Sus palabras impulsaron llamados urgentes para que el Congreso imponga un nuevo régimen regulatorio sobre la inteligencia. En esa misma línea, el senador Bernie Sanders (I-Vt.) ha propuesto un impuesto del 50% a la IA y una prohibición total de partes de ella.
Matt Pearl, un director en el Center for Strategic and International Studies, dijo que el anuncio de Trump es un «reconocimiento» de que la IA se ha convertido en «el tema definitorio central de nuestro tiempo». Añadió que el fenómeno ya ocupa un lugar central en la política y en la discusión pública, desde el rechazo a los centros de datos hasta las preocupaciones por los modelos de frontera y la competencia con China.
Trump también publicó una encuesta en línea para que sus seguidores eligieran si la IA debería rebautizarse como «Super Intelligence», «Extreme Intelligence» o «Supreme Intelligence». Además, invitó a la Casa Blanca la próxima semana a varios titanes tecnológicos, entre ellos Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk, Jeff Bezos y Sundar Pichai. También, según se informó, planea organizar un evento sobre IA en la ONU la próxima semana.
El anuncio se produjo un día antes de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se sentara con el primer ministro chino, Li Qiang, en Nueva York, con los aranceles y la IA sobre la mesa mientras ambos países se preparan para la visita de Xi Jinping a Washington la próxima semana.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la disputa ya no es solo tecnológica, sino política y estratégica. Trump intenta evitar que el aparato estatal y la presión regulatoria asfixien una industria que ve como una ventaja competitiva para Estados Unidos. En el otro extremo, crece la tentación de responder al riesgo con más impuestos, más prohibiciones y más burocracia.
Ahí está el desenlace que importa para el lector: si la IA será un espacio de innovación bajo reglas claras o otro territorio colonizado por el miedo regulatorio. La competencia con China, la inversión privada y la libertad para construir centros de datos están en juego. Y cuando Washington decide si acompaña o frena, la factura, al final, suele pagarse con el dinero de los contribuyentes y con menos margen para la empresa privada.
