Donald Trump anunció el viernes que busca cancelar casi $1 billion en fondos federales mediante una maniobra conocida como «pocket rescission», saltándose la aprobación del Congreso y recibiendo críticas de legisladores de ambos partidos.
La solicitud apunta a anular $810 million en gasto que el Congreso había aprobado para programas y agencias, buena parte de ellos destinados a inmigrantes, minorías y niños. Según la petición enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, más de la mitad de los recortes recaería sobre la Office of Refugee Resettlement, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
El gobierno dijo que retirar esos fondos es «coherente con el objetivo de la Administración de poner fin al uso de dólares de los contribuyentes federales para apoyar a no ciudadanos, poniendo a los estadounidenses primero». En un comunicado adjunto, la Administración también calificó esos recursos de «despilfarradores» y «dañinos».
La escena lo dice todo. La Casa Blanca eligió una ruta que no depende de una votación abierta en el Capitolio, sino de dejar que el reloj haga el trabajo. La petición llegó el viernes, apenas cinco días antes del fin del año fiscal, fijado para el 30 de septiembre, lo que all but ensures que el Congreso no tendrá tiempo para revisar la propuesta en plenitud ni para frenar los recortes antes de que entren en vigor.
La Government Accountability Office (GAO), organismo de control no partidista, sostiene que el movimiento es una evasión ilegal de la separación de poderes protegida por la Constitución, sobre todo del poder del Congreso sobre el gasto. La GAO afirma en su sitio web que esta aplicación de la Impoundment Control Act (ICA) «cedería el poder de la bolsa del Congreso al permitir que un presidente, en efecto, cambie la ley acortando el período de disponibilidad de fondos de plazo fijo». Añade que, si el Congreso quisiera otorgar esa facultad, tendría que cambiar la ley.
«Pocket rescission» no es un término formal ni legal. El nombre remite a «pocket veto», una figura en la que un proyecto de ley no se convierte en ley porque el presidente no lo firma dentro de 10 días y el receso del Congreso impide su devolución. De forma similar, la pocket rescission busca retirar fondos ya asignados sin intervención directa del Congreso.
El timing importa. La propia GAO explica que esta maniobra ocurre cuando un presidente pide al Congreso rescindir fondos muy cerca del final del año fiscal, tan cerca que los recursos expiran antes de poder ser usados para nuevas obligaciones. En este caso, la Casa Blanca presentó la solicitud con el reloj prácticamente encima.
La Office of Management and Budget (OMB), encabezada por Russell Vought, envió las peticiones el viernes y sostiene que el paso es válido bajo la ICA de 1974. Esa ley nació como respuesta al uso intensivo de impoundments por parte de Richard Nixon y desde entonces ha servido para limitar o regular la capacidad presidencial de controlar gastos ya apropiados, imponiendo 45 días de sesión continua del Congreso para revisar las solicitudes de rescisión.
Trump ya había usado esta estrategia. El 28 de agosto de 2025 presentó una solicitud para cancelar $4.9 billion en ayuda exterior aprobada por el Congreso, incluidos $3.2 billion asignados a USAID. Aunque esa maniobra fue impugnada, la Corte Suprema suspendió el año pasado una orden de un tribunal inferior que exigía obligar a gastar cerca de $4 billion cubiertos por la solicitud de rescisión.
Esta vez, la mayor parte de los recortes propuestos golpea programas de HHS que prestan servicios sin fines de lucro para refugiados y menores no acompañados. La solicitud de Trump retiraría $567 million de esos servicios.
Bobby Kogan, del Center for American Progress, lo resume con crudeza: la Administración ha elegido varias cosas que detesta y dice que simplemente no las va a hacer. Zachary Price, profesor de la University of California College of the Law, San Francisco, calificó la maniobra de «abuso» de la ICA y dijo que es «perversa» leer la ley como si creara un mecanismo para cancelar fondos de manera unilateral.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El desenlace no solo enfrenta a Trump con los legisladores: también vuelve a poner en el centro una pregunta de fondo sobre quién manda cuando el dinero ya fue apropiado. Si el Ejecutivo puede apagar partidas aprobadas por el Congreso con una carrera contra el calendario, el poder de la bolsa pública deja de ser una garantía real y pasa a depender de la velocidad con que actúe la burocracia presidencial.
Para los contribuyentes, el caso importa por una razón elemental: no se trata solo de cuánto gasta el gobierno, sino de quién decide. Cuando el aparato estatal se mueve para reescribir por la vía rápida lo que ya fue aprobado, el principio en juego es el límite al poder y la protección del orden constitucional que separa al Ejecutivo de la autoridad presupuestaria del Legislativo.
