La administración Trump suspendió a varias grandes tecnológicas, entre ellas Microsoft y Adobe, y a firmas de subcontratación informática del programa de residencia permanente para trabajadores mientras amplía su ofensiva contra el fraude de visas.
La medida alcanza a ocho compañías que, según el Departamento de Trabajo, ya no podrán presentar nuevas solicitudes ni continuar con trámites pendientes de certificación laboral permanente. Además de Microsoft y Adobe, la lista incluye a Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini.
En la Casa Blanca, el vicepresidente J.D. Vance sostuvo que esas empresas habían «abusado» de los procesos de visas H-1B y de green card para «reemplazar a trabajadores estadounidenses con lo que en la práctica son sirvientes por contrato extranjeros». Keith Sonderling, secretario de Trabajo, dijo: «No aceptaremos nuevas solicitudes ni procesaremos solicitudes pendientes de certificación laboral permanente que involucren a estas compañías».
Sonderling vinculó la decisión con investigaciones federales en curso y dijo que las firmas estaban entre las mayores beneficiarias del programa H-1B. Según sus datos, habían buscado contratar a casi 3 millones de trabajadores extranjeros, recibido más de 230.000 aprobaciones de visas H-1B y obtenido más de 100.000 certificaciones laborales permanentes desde 2009.
Los funcionarios también anunciaron pesquisas contra nueve universidades, entre ellas Harvard, Yale y Stanford, por presunto uso indebido del programa J-1, que permite a nacionales extranjeros estudiar, enseñar o investigar temporalmente en Estados Unidos. Las otras instituciones nombradas fueron Brown, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de California en Davis, el Instituto de Tecnología de California, Arizona State y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Vance dijo que esas universidades habían recibido citaciones y serían investigadas por usar el programa para bajar los salarios de estudiantes de posgrado e investigadores estadounidenses. «Algo extraño está ocurriendo en estas universidades», afirmó. «Están usando estas visas demasiado. Las están usando para rebajar los salarios de los estudiantes de posgrado estadounidenses y de los investigadores estadounidenses, y simplemente eso tiene que parar».
Microsoft respondió que el 80% de sus solicitudes H-1B del último año fiscal fueron para extender o cambiar el estatus de empleados actuales, no para contratar personal nuevo. La empresa agregó que las solicitudes restantes fueron para personas que ya estaban legalmente en Estados Unidos y decidieron ir a trabajar allí, y que equivalen a solo 1% de su plantilla en Estados Unidos. También dijo que paga a esos trabajadores lo mismo que a otros empleados en funciones comparables.
La empresa añadió que presenta peticiones H-1B solo para quienes cumplen los estándares exigentes de esa categoría. Tata Consultancy Services, por su parte, dijo a Reuters que no espera que la suspensión afecte su estrategia laboral ni sus relaciones con clientes, y señaló que en los últimos dos años había presentado solicitudes PERM de un solo dígito.
En paralelo, los funcionarios insistieron en que la suspensión durará «todo lo que sea necesario». Vance dijo que la intención es obligar a las compañías a cambiar su conducta y las acusó de publicar anuncios de empleo ineficaces para justificar contrataciones en el extranjero.
La escena lo dice todo. La Casa Blanca está usando el sistema migratorio como palanca de disciplina sobre grandes empresas y universidades. En el centro del conflicto no está solo quién entra al país, sino quién paga el costo de un mercado laboral que Washington cree distorsionado por el abuso de visas.
Para la lógica de libre empresa, el episodio deja una advertencia incómoda: cuando el aparato estatal decide cerrar el grifo regulatorio, el margen de maniobra de las compañías depende menos de su estrategia y más del permiso político. Para los contribuyentes y los trabajadores estadounidenses, la promesa es otra: que el gobierno está defendiendo salarios y empleos. El desenlace mostrará si esta ofensiva corrige abusos reales o si termina convirtiendo la política migratoria en una herramienta más de intervención sobre la economía.
