La administración de Donald Trump está poniendo en marcha una nueva regla que, según expertos, hará más difícil que los inmigrantes obtengan la green card si acceden a programas de asistencia pública, como Medicaid y cupones de alimentos. El cambio, que entra en vigor el viernes, también podría desalentar a quienes buscan ese estatus de inscribirse en beneficios públicos.
La escena lo dice todo: el gobierno no solo está revisando cómo se decide quién entra a la residencia permanente, sino también qué costo tiene depender de programas financiados con dinero de los contribuyentes. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la medida «restaura el principio básico de que los inmigrantes deben poder sostenerse por sí mismos», y que reafirma la autosuficiencia, protege los recursos públicos y termina con políticas que alentaban la dependencia de los contribuyentes estadounidenses que trabajan.
La regla actualiza una política que se remonta al siglo XIX. Desde la Ley de Inmigración de 1882, una de las preguntas que el gobierno ha considerado al revisar solicitudes de green card es si el solicitante probablemente se convertirá en una carga pública. Históricamente, sin embargo, los funcionarios solo tomaban en cuenta programas de beneficios en efectivo, como el ingreso suplementario de seguridad del Seguro Social. En general, no consideraban que beneficios no monetarios, como Medicaid y los cupones de alimentos, descalificaran a un inmigrante para obtener la residencia permanente.
Durante su primer mandato, Trump intentó ampliar los programas que podían llevar a que un inmigrante fuera considerado «carga pública», pero un juez federal anuló la política y dijo que tenía «numerosos fallos inexplicados» que la volvían «arbitraria y caprichosa». Más tarde, cuando Joe Biden estaba en el poder, revocó formalmente esa regla y dejó claro que los beneficios no monetarios no convertirían a alguien en «carga pública».
En julio, la administración Trump dijo que revocaba la política de la era Biden y lanzaba un cambio similar al que enfrentó desafíos legales durante el primer mandato. Bajo la nueva regla, los funcionarios que revisan solicitudes de green card pueden considerar un conjunto más amplio de programas de beneficios públicos. La administración también ha dicho que la nueva regla de «carga pública» no se aplica a algunos inmigrantes, por ejemplo, a los refugiados.
Pero la guía es ambigua. No incluye una lista completa de los beneficios que pueden tomarse en cuenta y dice solo que los কর্মকর্তarios de inmigración usarán «buen juicio y discreción» y harán determinaciones individualizadas, basadas en los hechos y en la totalidad de las circunstancias de la persona. Para Melissa Shepard, directora de servicios legales del Immigrant Defenders Law Center, eso deja a los oficiales con mucha más discreción que antes.
Shepard dice que ahora la evaluación será «mucho más amplia». Adriana Cadena, directora ejecutiva de la Protecting Immigrant Families Coalition, advierte que la amplitud de la regla «abre la puerta a abusos por parte de oficiales de inmigración» durante el proceso de solicitud.
Los expertos creen que la consecuencia inmediata puede ser un aumento de rechazos y una ola de retrasos. Charles Kuck, abogado de inmigración y expresidente nacional de la American Immigration Lawyers Association, dice que espera «números masivos de negativas» y que algunos de sus clientes planean esperar hasta que Trump deje la Casa Blanca antes de presentar sus solicitudes.
También hay otro efecto menos visible pero igual de importante: personas que no tienen residencia permanente podrían dejar de inscribirse en programas a los que sí tienen derecho, por miedo a perjudicar su futuro expediente migratorio. Para entender el presente hay que volver a esa semana: el problema no es solo quién recibe ayuda hoy, sino cómo una burocracia más discrecional puede cambiar el comportamiento de familias enteras mañana.
El desenlace todavía no está cerrado. La nueva regla ya fue impugnada en tribunales por una coalición de más de una docena de estados, incluidos Nueva York y California. Aún no está claro cómo la litigación en curso afectará su implementación. Los detalles cuentan la historia: Washington está endureciendo el acceso a la residencia permanente y, de paso, empuja a los inmigrantes a elegir entre el alivio inmediato de un programa público y la posibilidad de construir su futuro en Estados Unidos.
En el fondo, el giro vuelve a plantear una pregunta de principio: si la residencia debe premiar la autosuficiencia o castigar a quien usa redes de asistencia legalmente disponibles. La administración Trump responde con más control y más discreción estatal. Sus críticos ven una señal de arbitrariedad que puede terminar castigando justamente a quienes más necesitan claridad para no quedar atrapados entre el Estado de bienestar y el sueño de la green card.
