La administración Trump abrió una propuesta que podría reordenar dos de los grandes premios del poder federal en Estados Unidos: la representación en la Cámara de Representantes y el dinero que llega a los estados. La escena lo dice todo. En el centro del debate no está solo quién cuenta, sino quién queda fuera del conteo.
La propuesta, divulgada públicamente esta semana, busca excluir del censo a las personas que no son ciudadanas de Estados Unidos y no tienen residencia permanente. También plantea impedir que los funcionarios del censo incluyan algunas preguntas demográficas, como las relativas a raza, etnicidad y orientación sexual. El proceso aún debe pasar por aprobación antes de entrar en vigor.
El censo de Estados Unidos se realiza cada 10 años, como exige la Constitución. Su objetivo es contar a cada persona que vive en el país. Con esos datos, el gobierno federal asigna el número correspondiente de escaños a cada estado en la Cámara de Representantes y redibuja distritos electorales. Además, usa la información del conteo oficial para decidir cómo distribuir fondos a los estados.
Si la propuesta se aprueba, el efecto sería amplio y desigual. Según el planteamiento de la administración, el censo debería añadir una pregunta sobre ciudadanía y excluir del conteo oficial a inmigrantes indocumentados y a no ciudadanos sin estatus de residencia permanente. Eso significaría que inmigrantes que están legalmente en el país pero no tienen tarjeta de residencia tampoco serían incluidos en la suma.
La administración argumentó en el documento difundido en línea que los «illegal aliens» no deberían incluirse en el conteo de asignación de escaños, porque no son verdaderos habitantes ni miembros del cuerpo político y carecen de un vínculo suficiente con Estados Unidos. También sostuvo que el conteo oficial «debería ser ciego al color» y no ser «distorsionado» por preguntas sobre características personales «inmateriales» al justificar la exclusión de preguntas sobre raza, etnicidad y orientación sexual.
El giro no termina ahí. La administración también dijo que la naturaleza «potencialmente sensible» de esas preguntas y la «menor necesidad» o utilidad de esa información eran razones para sacarlas de la encuesta nacional. Pero el censo ha incluido preguntas sobre raza y etnicidad desde el primer conteo, en 1790.
La lectura política es inmediata. Si se aprueba, el nuevo diseño del censo cambiaría la manera en que el gobierno federal entiende la población del país, y eso tendría efectos en cascada sobre los recursos que reciben ciertos estados. La propia lógica del sistema hace que un ajuste estadístico se convierta en una pelea por poder institucional y por dinero de los contribuyentes.
El impacto sería más fuerte en estados con poblaciones grandes de inmigrantes indocumentados y de no ciudadanos sin residencia permanente. El Pew Research Center señaló que los seis estados con las mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados en 2023 fueron California, con 2.3 millones; Texas, con 2.1 millones; Florida, con 1.6 millones; Nueva York, con 825,000; New Jersey, con 600,000; e Illinois, con 550,000. El término «inmigrante no autorizado» incluye a inmigrantes indocumentados y también a algunos con autorización para vivir o trabajar en el país, como solicitantes de asilo y beneficiarios de DACA.
Si los cambios entran en vigor para el censo de 2030, esos seis estados —y otros con grandes poblaciones similares— podrían perder escaños en la Cámara de Representantes y sufrir recortes en fondos federales por la exclusión de cientos de miles o incluso millones de residentes del conteo. A puerta cerrada, esa es la verdadera pelea: quién gana influencia política y quién termina recibiendo menos recursos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El desenlace aún no está escrito y previsiblemente terminará en tribunales, porque estas modificaciones se esperan enfrenten desafíos legales. Pero el principio en juego ya quedó expuesto: un Estado que cuenta menos a unas personas puede terminar representando menos a unos territorios y financiando menos a unas comunidades. Y cuando eso ocurre, el costo no lo paga la abstracción burocrática; lo pagan los estados, sus ciudadanos y, finalmente, los contribuyentes.
