Donald Trump volvió a poner a México bajo la lupa de Washington. En la determinación presidencial enviada al Congreso estadounidense, el mandatario dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho avances en la incautación de drogas y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de fentanilo, pero insistió en que hace falta «mucho más».
Entre las medidas que exigió, Trump pidió arrestar y procesar a funcionarios corruptos que, según su acusación, han ayudado y promovido a los cárteles. En sus palabras, esos funcionarios estarían «traicionando la seguridad y soberanía de su propio país».
Trump sostuvo que, si bien su administración ha protegido con éxito las fronteras de Estados Unidos, Canadá y México deben hacer más para detener el flujo de drogas mortales hacia territorio estadounidense. En el mismo documento, el presidente afirmó que México debe tomar «medidas adicionales» y que no bastan las inversiones actuales del gobierno mexicano en sus fuerzas de seguridad.
El reconocimiento a la gestión mexicana llegó acompañado de una lista de condiciones. Trump destacó la cooperación en materia de seguridad y dijo que esa colaboración ha ayudado a eliminar a algunos de los capos más notorios del mundo, incluido Nemesio Rubén Oseguera, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aun así, afirmó que eso no es suficiente y que México debe ampliar sus campañas contra los «narcoterroristas», sus finanzas y sus redes criminales.
En paralelo, Marco Rubio también lanzó un mensaje con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México. El secretario de Estado estadounidense dijo que ambos países han sufrido «los efectos de una epidemia de crimen organizado transnacional y narcoterrorismo, migración masiva sin control y violencia de los cárteles que se permitió arraigar».
Rubio añadió que el «flagelo del narcoterrorismo» ha obligado a mexicanos comunes a vivir con miedo en sus hogares, mientras que las sustancias tóxicas introducidas de contrabando a través de la frontera son responsables de la muerte de cientos de miles de estadounidenses. También señaló que todavía queda «mucho más trabajo por hacer juntos».
Para entender el presente hay que volver a esa semana: Washington no solo reclama resultados operativos, sino una depuración interna que toca el corazón del Estado mexicano. La escena lo dice todo. El problema ya no se presenta únicamente como un choque contra el tráfico de drogas, sino como una disputa por el control de las instituciones, el uso de los recursos públicos y la capacidad del gobierno para impedir que la corrupción capture la seguridad.
En esa tensión se juega algo más que una diferencia diplomática. Si la exigencia estadounidense se mantiene, México queda obligado a responder con más eficacia, más transparencia y menos tolerancia con la complicidad interna. Para el contribuyente y para la economía real, el desenlace importa: sin orden, sin estado de derecho y sin fuerzas de seguridad capaces de sostener su trabajo, cualquier promesa de estabilidad se vuelve frágil.
