La escena lo dice todo: un departamento de lujo en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, convertido en el escenario de una de las masacres que más conmoción ha generado en México esta semana. Cuatro personas fueron asesinadas el martes 1 de septiembre. Un niño de seis años, escondido debajo de una cama, fue el único sobreviviente.
Las víctimas fueron Jonathan Meléndez, de 38 años, tecladista y uno de los fundadores de la banda de rock Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paula Barragán, de 35 años, quien tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, Sofía, de tres años, y una joven de 21 años que trabajaba con la familia. La mascota de la vivienda, una golden retriever, también fue asesinada. Según los investigadores, el animal habría intentado proteger a la familia hasta sus últimos momentos.
Según información conocida por El País y divulgada por medios mexicanos, Meléndez fue hallado en la sala, inmovilizado y con heridas de arma de fuego en la cabeza. Su esposa fue localizada en el baño, también con una herida de bala en la cabeza. En el mismo sector estaba la pequeña Sofía, con un disparo en la misma parte del cuerpo que sus padres; ella fue la única víctima a la que el atacante no ató. La trabajadora de 21 años fue encontrada sin vida, con heridas de arma de fuego en la espalda.
El niño permaneció escondido mientras escuchaba los disparos y los gritos de las víctimas, de acuerdo con reportes de las autoridades. No presentaba lesiones físicas cuando fue encontrado. Su testimonio, señalan las fuentes consultadas, podría aportar información clave para reconstruir lo ocurrido, aunque deberá obtenerse bajo estrictas medidas de protección por su edad y por la dimensión traumática de los hechos.
Los detalles cuentan la historia del tamaño de la falla estatal en la respuesta. La Fiscalía del Estado de México sitúa los asesinatos entre aproximadamente las 5:30 y las 7:40 de la noche. La Policía llegó al apartamento hacia las 11:50 de la noche. Entre el ataque y el ingreso de los uniformados transcurrieron varias horas, durante las cuales el menor de seis años permaneció más de tres horas junto a los cuerpos de su familia, según lo reportado, hasta que finalmente llegaron las autoridades.
La trastienda del crimen empieza a revelarse a través de las investigaciones. Uno de los principales sospechosos es identificado como Diego Sebastián «N», quien mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez. Según las primeras hipótesis de las autoridades, esa cercanía habría permitido que ingresara al edificio y llegara hasta la vivienda sin despertar sospechas inicialmente. Imágenes de seguridad conocidas durante la investigación muestran a un hombre dentro del ascensor del conjunto antes del crimen. Las autoridades mexicanas capturaron también a otro sospechoso identificado como Gerardo «N».
Una de las hipótesis que examinan los investigadores apunta a problemas económicos relacionados con negocios inmobiliarios que compartían el músico y uno de los sospechosos, aunque las autoridades todavía buscan establecer el móvil definitivo y las responsabilidades individuales. Un elemento adicional llamó la atención de los investigadores: antes de morir, Meléndez habría comentado a una persona cercana que tendría un encuentro con uno de sus socios y le pidió estar pendiente en caso de que dejara de responder sus llamadas o mensajes. Horas después, la preocupación se convirtió en alerta.
Meléndez, también conocido como Honas, era uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo, agrupación de rock alternativo creada en 2013. Su asesinato y el de su familia provocaron numerosos mensajes de duelo dentro de la escena musical mexicana.
Para entender el presente hay que volver a esa noche de más de cuatro horas de silencio institucional. El caso no es solo la tragedia de una familia: es otro expediente que confirma la fragilidad del estado de derecho en México, donde una disputa de negocios —según las hipótesis que investiga la fiscalía— puede escalar hasta una masacre sin que el aparato de seguridad reaccione a tiempo. La brecha entre la hora del crimen y la hora de la llegada policial no es un detalle menor: es la medida exacta de cuánto puede tardar el Estado en llegar cuando la vida de una familia ya se ha perdido.
El trasfondo de negocios inmobiliarios que baraja la fiscalía como posible móvil recuerda además un problema de fondo para cualquier economía que aspire a la inversión y al emprendimiento: sin instituciones capaces de dirimir disputas comerciales por la vía legal, la violencia termina ocupando el lugar de los contratos y los tribunales. Mientras las autoridades mexicanas resuelven el móvil definitivo, un niño de seis años deberá reconstruir, bajo protección especial, los hechos que un Estado ausente no logró impedir ni atender a tiempo.
