La escena lo dice todo. El gobernador de Antioquia, Rendón, caminaba este viernes 14 de agosto entre escombros y techos caídos en Andes, el municipio más golpeado del suroeste antioqueño, cuatro días después de que el sismo del lunes 10 de agosto sacudiera la región. A su alrededor, el inventario de lo perdido seguía creciendo.
Tres sedes educativas —Peñas Azules, San Miguel y San Perucho— quedaron inhabilitadas para recibir estudiantes. Los daños, según la secretaria de Educación de Andes, Flórez, son de tal magnitud que las autoridades deberán buscar «una estrategia de alternancia o una sede cercana para poder ubicar a los niños». No es una medida preventiva menor: es el reconocimiento de que esos edificios, por ahora, no son seguros.
La Secretaría de Educación del municipio reportó que 14 sedes han registrado algún tipo de afectación, principalmente en techos y pisos. En contraste, 24 sedes ya fueron revisadas y pueden operar con normalidad. Las inspecciones continúan, precisó Flórez, dado el alto número de instituciones pendientes de evaluación.
El daño, sin embargo, desborda a Andes. Cuatro días después del terremoto, la Gobernación de Antioquia contabilizaba 406 instituciones educativas afectadas en todo el departamento. El número forma parte de un balance más amplio: 3.351 viviendas, 64 centros religiosos, 219 equipamientos no habitacionales, 22 sedes hospitalarias y 27 edificaciones públicas con algún tipo de afectación reportada. Hasta ese viernes, 104 consejos municipales de gestión del riesgo habían informado daños al DAGRAN.
Los municipios de Jericó y Ciudad Bolívar también concentran parte del impacto. En Jericó se reportaron 72 viviendas afectadas, seis edificaciones religiosas y 10 escuelas. En Ciudad Bolívar, 134 viviendas y 15 instituciones educativas presentan daños. Los equipos técnicos del DAGRAN se desplazan hacia los municipios con mayores niveles de complejidad; hasta ahora han inspeccionado 30 centros educativos, además de viviendas, hospitales y otras edificaciones.
El propio gobernador Rendón reconoció durante su recorrido que algunas instituciones inspeccionadas no presentan daños estructurales, pero sí requieren adecuaciones antes de volver a operar. La distinción importa: entre un edificio que hay que demoler y uno que necesita reparaciones menores hay una diferencia de tiempo, costo y urgencia que definirá cuándo los niños vuelven a clase.
Para atender la emergencia educativa, la Gobernación anunció que recurrirá a un fondo de servicios destinado a la reparación de instituciones. Para las viviendas, la estrategia contempla un banco de materiales administrado a través de la empresa VIVA. Los detalles operativos de ambos mecanismos —plazos, montos, criterios de priorización— no fueron precisados en los balances oficiales disponibles hasta el cierre de esta edición.
Una nota aparte merece la velocidad del diagnóstico. Según información publicada por El Colombiano, los ingenieros reconocieron haberse quedado «cortos» para evaluar los daños en Andes, lo que sugiere que las cifras actuales son todavía parciales. Con 104 municipios reportando afectaciones y equipos técnicos que deben desplazarse físicamente a cada uno, la fotografía completa del desastre tardará días más en revelarse. Mientras tanto, el balance humano acumulado hasta ese viernes era de 287 muertos, 3.975 heridos y 378 desaparecidos en todo el país, según la actualización más reciente citada por el mismo medio.
Lo que el recuento de escuelas cerradas revela es algo más que un problema logístico. Cada sede inhabilitada es una comunidad —en su mayoría rural, en municipios del suroeste antioqueño con infraestructura ya precaria antes del sismo— que debe improvisar soluciones con recursos que el Estado central tardará en movilizar. La alternancia, presentada como estrategia, es en realidad una confesión de que el aparato institucional no tiene capacidad inmediata de respuesta a la escala del daño. El fondo de servicios y el banco de materiales son instrumentos válidos, pero su eficacia dependerá de que la Gobernación los ejecute con la misma velocidad con que el sismo destruyó lo que tardó décadas en construirse.
