La escena lo dice todo. Abril de 2022, Altagracia de Orituco, estado Guárico: cuerpos de seguridad despliegan la llamada Operación Trueno con el objetivo declarado de desmantelar una organización criminal. Casi tres años después, más de 70 personas siguen privadas de libertad, el expediente 072-22 duerme en el Tribunal Primero de Juicio con competencia en terrorismo y, según los familiares, el caso no tiene juez asignado.
María Altagracia Espiecia Vázquez, vocera del grupo de familias, describió el perfil de los detenidos ante el periodista Seir Contreras: comerciantes, productores agropecuarios, médicos, cultores, cantantes de música llanera, deportistas, militares, policías, madres de familia e incluso personas con enfermedades neurológicas. «A todo el que encontraron a su paso, se lo llevaron», afirmó. Ninguno de esos perfiles encaja con el de una red criminal desmantelada.
Los cargos formales son terrorismo, asociación para delinquir y presunto tráfico de armas. La combinación es conocida en el sistema judicial venezolano: delitos de alta pena que justifican prisión preventiva indefinida y que, al quedar bajo jurisdicción antiterrorista, restringen los recursos ordinarios de defensa. Espiecia denunció además que a los detenidos solo se les permite contar con defensa pública y que no han podido designar abogados privados, un obstáculo que, en la práctica, deja a los procesados sin representación autónoma frente al aparato estatal.
El caso tiene un dato que lo distingue del retardo procesal habitual. En noviembre de 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU —órgano de Naciones Unidas— emitió resoluciones favorables para nueve de los detenidos, tras una investigación impulsada por la ONG Defiende Venezuela. Esas resoluciones recomiendan la liberación de los nueve. Según Espiecia, las autoridades venezolanas no han dado respuesta hasta la fecha.
Los detalles cuentan la historia. Dos personas recibieron órdenes de excarcelación este año; ninguna se materializó. «La boleta de excarcelación desapareció», denunció la vocera. Un tercer detenido permanece bajo arresto domiciliario y uno más obtuvo una medida humanitaria por padecer cáncer. El resto sigue en prisión, a la espera de un proceso que, según los familiares, lleva casi tres años sin avanzar.
Los familiares hicieron un llamado público a las autoridades para que revisen el expediente y liberaren a los procesados. «Ya basta de terrorismo judicial. Exigimos que nuestros familiares sean puestos en libertad», concluyó Espiecia.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de abril de 2022. Lo que los familiares describen no es un caso aislado de ineficiencia burocrática: es el patrón de un sistema donde la figura del terrorismo funciona como llave maestra para mantener detenidas a personas sin que el Estado tenga que probar nada ante un tribunal. El bloqueo a la defensa privada no es un descuido administrativo; es el mecanismo que garantiza que nadie con recursos técnicos y autonomía profesional pueda cuestionar la acusación.
Cuando un gobierno ignora durante tres años las resoluciones de un órgano de Naciones Unidas, y cuando las órdenes de excarcelación firmadas por sus propios jueces «desaparecen», el problema deja de ser judicial para convertirse en político. El expediente 072-22 es, en ese sentido, un termómetro del estado de derecho en Venezuela: noventa y tantas familias esperando que alguien, dentro del aparato estatal, decida que la ley importa.
