La escena lo dice todo.
Al atardecer del 25 de julio, en el complejo OPPE 26 de Caraballeda —la zona cero de la tragedia—, tres cuerpos fueron recuperados de entre barras de refuerzo y escombros. Uno de ellos era el de una niña de once años. Su padre, que había pasado un mes buscándola, cayó en sollozos. Los rescatistas dejaron de trabajar o rezaron mientras el cuerpo era retirado envuelto en una lona de plástico negro.
Un mes antes, dos terremotos potentes y casi simultáneos habían golpeado la costa norte de Venezuela en apenas 39 segundos. Víctor Calderón, pescador de 49 años, estaba en alta mar cuando le llegó la noticia por radio: el edificio donde vivía su familia se había derrumbado. Al regresar a tierra, descubrió que 26 miembros de su familia habían desaparecido: hermanas, sobrinos, sobrinos-nietos y nueve primos, con edades que oscilaban entre los 2 y los setenta y tantos años. Todos vivían en OPPE 26.
«Todavía no he llorado por ellos», dice Calderón. «No hasta que encuentre a los últimos que faltan».
Su hija y su nieta sobrevivieron. El resto de su familia, ahora muy reducida, vive en una tienda de campaña instalada en un campo de golf.
Las cifras y el silencio oficial
Según el recuento actualizado casi a diario por el gobierno, más de 5.300 personas han muerto confirmadas y más de 16.500 resultaron heridas. El gobierno no ha especificado cuántas personas siguen desaparecidas, pero se estima que la cifra asciende a decenas de miles.
La pregunta que nadie en el poder quiere responder es la más obvia: ¿cómo pudieron derrumbarse diez de los doce bloques de viviendas de OPPE 26? Los sobrevivientes y familiares la formulan sin rodeos: ¿hubo planos defectuosos, materiales inadecuados, recursos escatimados?
El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, visitó el lugar y ofreció su versión. «No se trató de un solo terremoto, sino de dos casi simultáneos, ambos moviéndose en direcciones diferentes», argumentó. Insistió en que los edificios estaban en buen estado y señaló que tanto construcciones públicas como privadas colapsaron. «Ninguna nación habría podido hacer frente a la magnitud del desastre», sostuvo.
Las familias no lo ven así. El resentimiento, según quienes recorren la zona, es palpable.
El rescate que levantó el ánimo, y lo que vino después
Ocho días después de los terremotos, en un edificio privado de Catia La Mar, hubo un destello de esperanza: Hernán Gil, guardia de seguridad, fue rescatado con vida de un parqueadero subterráneo. Las escenas de júbilo levantaron brevemente el ánimo del país.
Hoy, Laura Barrios sigue buscando en ese mismo edificio el cuerpo de su cuñado. La mayoría de los equipos internacionales que ayudaron en el rescate de Gil ya regresaron a sus países. La excavadora que retiraba escombros inestables fue enviada a otro lugar. Un día antes, la familia de Laura había encontrado los cuerpos de su cuñada y de los niños —de 10 y 3 años— acurrucados juntos en su habitación.
«El otro día fue el Día del Niño en Venezuela», dice Laura entre sollozos. «Pero no tenemos hijos a quienes celebrar. Los nuestros ya no están».
En la fila para recibir una comida caliente en la World Central Kitchen —una de las agencias humanitarias con sede en Estados Unidos que operan en Catia La Mar— la gente espera con el humor estoico que la adversidad extrema a veces produce. Regresan luego a tiendas de campaña de nailon instaladas en las aceras, que serán sus hogares temporales por un futuro indefinido.
Esta semana, el gobierno de Delcy Rodríguez donó 200 viviendas a familias afectadas. La necesidad total, según estimaciones citadas en el lugar, podría ser cien veces mayor. El Banco Mundial ha estimado que la reconstrucción llevará años y miles de millones de dólares en inversión.
Lo que los escombros revelan
Los detalles cuentan la historia. «Camisetas perdidas, cubiertos sin usar, vajillas, juguetes», describe Laura Barrios contemplando la devastación. «Vidas enteras, desaparecidas en tan solo 39 segundos».
Lo que emerge un mes después no es solo una tragedia natural: es el retrato de un Estado que construyó viviendas públicas masivas —complejos como OPPE 26 donde convivían decenas de familias— sin que sus habitantes tuvieran otra opción ni otra dirección a la cual acudir cuando todo colapsó. El aparato estatal ofrece ahora 200 soluciones para una crisis que podría requerir veinte mil. La reconstrucción, si llega, dependerá en gran medida de inversión externa y ayuda humanitaria internacional, no de la capacidad de un gobierno que todavía no ha explicado por qué diez de doce bloques se convirtieron en polvo.
Víctor Calderón sigue buscando. Dice que no llorará hasta que encuentre a los últimos. Es posible que esa espera sea muy larga.
