La escena lo dice todo.
Un texto de poco más de 170 páginas, nacido en 1991 del impulso del movimiento ciudadano «La Séptima Papeleta» y de miles de estudiantes que exigían modernizar el Estado, llega a sus 35 años en medio de la presión más directa que ha enfrentado desde su promulgación: la del propio presidente de la república, que ha buscado, según la magistrada que preside el alto tribunal, «meterle mano».
Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, no elude el diagnóstico. En entrevista con El Colombiano, afirma que la Constitución colombiana llega «sin duda fortalecida» a esta fecha. La razón principal que ofrece no es técnica sino política en el mejor sentido: «la apropiación que han hecho los ciudadanos de ella». Hoy, dice Meneses, los colombianos conocen sus derechos, los mecanismos para protegerlos y la posibilidad de exigirlos ante los jueces.
Es un argumento que los hechos respaldan. En tres décadas y media, la carta magna ha sobrevivido crisis de gobernabilidad, un conflicto armado persistente y profundas transformaciones sociales. «El andamiaje nunca se ha roto», resume la magistrada.
El debate sobre el reemplazo
El aniversario llega en un momento en que la pregunta sobre si Colombia necesita una nueva constitución ha vuelto a circular en los pasillos del poder. Meneses la responde con precisión quirúrgica: «El ciclo de la Constitución del 91 no se ha agotado porque sus promesas de equidad, descentralización, justicia social y erradicación de la violencia siguen estando vigentes».
Y añade la frase que sintetiza la postura del tribunal: «El reto de Colombia no es cambiar de Constitución; el verdadero reto es cumplir plenamente, y en cada rincón del territorio, la que ya tenemos».
No es una defensa nostálgica. Es una advertencia institucional. Cuando se le pregunta por los riesgos de desconfiar de las instituciones que interpretan la carta, Meneses es directa: «El riesgo es la erosión del Estado de Derecho y el peligro de caer en la justicia por mano propia o en salidas autoritarias». Si el ciudadano pierde la fe en la neutralidad de los jueces, «se rompe el pacto social».
Frenos y contrapesos bajo tensión
Sobre la separación de poderes, la magistrada reconoce la complejidad del momento pero no la excepcionalidad dramática que algunos le atribuyen. «El sistema de separación de poderes y de frenos y contrapesos que ofrece la Constitución de 1991 es robusto», sostiene. Cuando un poder ha intentado desbordar sus límites, la Corte ha intervenido «con independencia técnica para restablecer el equilibrio».
La descripción que hace de la Constitución como «ancla que ha evitado el naufragio de nuestra democracia en los momentos de mayor tensión» no es retórica vacía: es la justificación institucional de cada fallo que ha frenado iniciativas del ejecutivo en los últimos años.
Los detalles cuentan la historia.
La Corte Constitucional, creada precisamente por esa carta de 1991, ha sido el organismo que en repetidas ocasiones ha recordado al gobierno de turno dónde terminan sus atribuciones. Que su presidenta hable en estos términos en el aniversario no es casualidad editorial: es un mensaje político enviado por los canales institucionales correctos.
La lectura de Hemisferio
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El debate sobre una nueva constitución en Colombia no es un ejercicio académico: es, en buena medida, una palanca que el poder ejecutivo ha agitado para desplazar los límites que el texto vigente le impone. Frente a esa maniobra, la respuesta de la Corte Constitucional es la correcta — no porque defienda el statu quo, sino porque defiende las reglas del juego que protegen la propiedad privada, la separación de poderes y la libre empresa de los vaivenes del populismo de turno.
Una constitución que se cambia cada vez que el gobierno de turno no puede cumplir sus promesas dentro de ella no es una constitución: es un instrumento. Colombia tiene una carta magna que, con todas sus imperfecciones, ha demostrado ser más duradera que los proyectos políticos que han intentado doblarla. Eso, a 35 años, vale la pena celebrar — y defender.
