Treinta de las 31 capitales de Colombia presentan riesgo alto o crítico en acceso a servicios de salud. El dato sale del documento «Estado del sistema de salud en las ciudades capitales», elaborado por la Unión de IPS de Colombia y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales con información aportada por las secretarías de salud de las ciudades.
El panorama que dibuja el informe es duro: ninguna ciudad quedó en riesgo bajo o moderado. El Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud obtuvo un promedio de 71 puntos sobre 100, con 15 ciudades en banda crítica y 16 en banda alta. La cobertura fue del 100 %, porque las 31 secretarías de salud de cada capital aportaron información; San Andrés no fue incluido por ser una región insular.
Entre los principales hallazgos figuran el deterioro del acceso a servicios, las dificultades de las EPS, la inestabilidad de la red prestadora, los problemas de abastecimiento de medicamentos y la interrupción de tratamientos de alto costo. En 30 de 31 capitales se registró riesgo alto o crítico en acceso a servicios; 27 reportaron un aumento significativo de las barreras durante el último año.
La fotografía de fondo es todavía más delicada. Según el informe, 87 de 197 EPS con presencia en las ciudades están bajo medidas especiales. Además, 30 ciudades califican su red prestadora como inestable, deteriorada o en riesgo de colapso, y 23 reportan dificultades críticas en el abastecimiento ambulatorio de medicamentos. En 27 territorios, la interrupción de tratamientos de alto costo aparece entre los principales riesgos.
El documento también muestra una red pública y privada bajo presión. En 26 de las 31 capitales, el riesgo de continuidad de la atención fue calificado como alto o crítico. Las fallas más graves se concentran en referencia y contrarreferencia, entrega de medicamentos y pagos a la red. La interrupción de contratos entre EPS e IPS aparece como la principal amenaza identificada.
Las cifras financieras completan el cuadro. El problema económico fue considerado crítico o alto en 28 ciudades, con causas señaladas en la cartera, el no pago de las EPS, la insuficiencia financiera de las IPS y la terminación de contratos. Los pacientes de alta complejidad aparecen como los más vulnerables, mientras 23 ciudades reportan dificultades críticas en medicamentos ambulatorios.
En salud pública, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias aumentaron más de 30 % en 23 ciudades. Según las respuestas territoriales, las principales limitaciones están en las competencias legales frente a las EPS, la falta de coordinación con entidades nacionales y las debilidades de los sistemas de información.
El informe concluye que no se trata de una suma de problemas locales, sino de un fenómeno compartido en toda Colombia. El punto de falla señalado es principalmente contractual y financiero, más que asistencial: la cartera de las EPS, la insuficiencia financiera de las IPS y la terminación de contratos aparecen como factores centrales. Los pacientes de alto costo concentran el mayor riesgo y la respuesta territorial queda atada a decisiones del nivel nacional.
Unips y Asocapitales proponen priorizar la garantía de acceso a medicamentos, tecnologías y servicios de alto costo; sanear la cartera entre EPS y prestadores; asegurar la contratación entre esos dos actores; normalizar autorizaciones y referencia-contrarreferencia; fortalecer el giro directo a los prestadores, y precisar las competencias de las autoridades territoriales frente a las EPS.
La escena lo dice todo. Cuando 30 capitales coinciden en pedir lo mismo —medicamentos, continuidad y pagos—, el problema deja de ser una suma de fallas aisladas y pasa a convertirse en una advertencia sobre la arquitectura misma del sistema. Aquí no solo está en juego la atención médica; también el dinero de los contribuyentes, la estabilidad contractual y la capacidad del aparato estatal para garantizar lo básico.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que las ciudades pusieron sobre la mesa sus alertas. El desenlace es incómodo para cualquier gobierno: si el sistema depende de contratos frágiles, carteras vencidas y autorizaciones trabadas, la burocracia termina castigando primero al paciente y después a la red prestadora. Los detalles cuentan la historia.
