La escena lo dice todo. Trece universidades colombianas, agrupadas bajo la iniciativa 'Cuidar la Democracia', emitieron un comunicado conjunto para exigirle al presidente Gustavo Petro que respete los resultados de las elecciones del 21 de junio, en las que Abelardo De La Espriella derrotó al excandidato Iván Cepeda para ocupar la presidencia en el periodo 2026-2030.
El llamado no es menor. Proviene del mundo académico, un espacio que el petrismo siempre consideró afín. Y el tono es directo: «El respeto a las reglas constitucionales de la contienda electoral no admite excepciones, sea cual sea el resultado y quienquiera que resulte favorecido por ella».
Las universidades recordaron que la arquitectura institucional colombiana es clara: los ciudadanos eligen al presidente, el Consejo Nacional Electoral certifica al ganador y el presidente del Senado posesiona al nuevo mandatario. Ese ciclo, subrayaron, ya se cumplió. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a De La Espriella, y la posesión está fijada para el 7 de agosto.
Sin pruebas y fuera del cauce
El comunicado no deja margen para la ambigüedad. Las trece casas de estudio advirtieron que les alarman «las declaraciones del presidente saliente y algunos de sus copartidarios, en el sentido de no reconocer el resultado electoral, sin aportar pruebas de supuestas irregularidades y sin haberlas tramitado por los mecanismos previstos para ello».
Esa distinción importa. La Constitución y la ley colombianas contemplan instancias y mecanismos para tramitar reclamaciones electorales. El petrismo, según el comunicado, no ha recurrido a ninguno de ellos con el soporte debido. En cambio, ha optado por la declaración pública de desconocimiento, una postura que las universidades califican de «la mayor gravedad» porque «atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder».
La frase final del comunicado condensa el argumento: «Sin el acatamiento unánime de dichos acuerdos, se socavan las condiciones habilitantes del disenso político pacífico». Es decir, la misma pluralidad que el petrismo invoca para existir depende de las reglas que hoy se niega a respetar.
Una tradición que no se negocia
Las universidades apelaron a la historia. Colombia, señalaron, tiene «una tradición democrática notable» que ha garantizado la existencia de proyectos políticos de orientación divergente cuando así lo han dictado las urnas. La Constitución de 1991, recordaron, surgió de «un consenso amplio e incluyente» que materializó esa garantía.
El argumento es poderoso precisamente porque Petro llegó al poder gracias a ese mismo marco. Fue la alternancia democrática la que le abrió las puertas de la Casa de Nariño en 2022. Negarla ahora, cuando el resultado le es adverso, no es coherencia ideológica: es oportunismo institucional.
Las trece universidades cerraron su comunicado con un compromiso: continuarán «generando evidencia y espacios de reflexión sobre el estado de la democracia, su valor y su vigencia».
La lectura de Hemisferio
Lo que está en juego en Colombia no es solo una transición de gobierno. Es el principio elemental de que las reglas del juego democrático obligan a todos, incluidos quienes las usaron para llegar al poder. Que trece universidades deban recordárselo a un presidente saliente revela hasta qué punto el petrismo ha normalizado la erosión institucional como táctica política.
De La Espriella llega a la presidencia con el mandato de reconstruir ese orden. El aparato estatal que recibirá cargará con cuatro años de polarización deliberada. La buena noticia es que la sociedad civil colombiana —desde las aulas hasta las urnas— ha demostrado que las instituciones son más fuertes que quienes intentan doblarlas.
