La escena lo dice todo. Semanas de presión republicana —senadores que exigían garantías sobre cómo Blanche manejaría uno de los errores más controvertidos del Departamento de Justicia— cedieron el martes cuando la Comisión Judicial del Senado votó y la nominación avanzó. El obstáculo era real. El resultado, también.
Todd Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump y secretario general en funciones desde que asumió el cargo de manera interina en abril, enfrenta ahora su prueba definitiva: conseguir el voto de casi todos los republicanos en el pleno del Senado. El margen es estrecho. La presión, conocida.
Desde que llegó al cargo de forma provisional, Blanche ha impulsado agresivamente la agenda del presidente. Los detalles cuentan la historia. Ha promovido acciones penales contra personas y organizaciones que Trump ha criticado públicamente. Aceleró el escrutinio sobre la respuesta del Gobierno a la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Y lanzó —para luego discontinuar— un plan de casi 1.800 millones de dólares destinado a compensar a personas que consideran haber sido atacadas injustamente por el sistema de justicia penal.
El secretario general en funciones sabía, según la fuente, que tenía que demostrar rápidamente a la Casa Blanca que podía entregar resultados en los casos que el presidente quería priorizar: en particular, investigaciones vinculadas a sus prioridades políticas y a adversarios percibidos.
Pero desde su designación formal, la oficina del secretario de Justicia ha entrado en un período de relativo silencio en lo que respecta a casos políticos controvertidos. Según fuentes citadas por la información disponible, ese interludio podría preparar el terreno para un nuevo impulso una vez que Blanche sea confirmado por el Senado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La resistencia republicana no era ideológica en el sentido clásico: era táctica. Senadores del propio partido querían garantías concretas antes de avalar a un hombre cuyo perfil —abogado de defensa convertido en jefe del aparato de justicia federal— concentra en una sola figura la lealtad al presidente y el poder de persecución penal del Estado. Esa combinación, en cualquier democracia, merece escrutinio.
La votación en comisión no despejó todas las dudas. Solo trasladó la decisión al pleno, donde la aritmética republicana obliga a que casi no sobre ni falte un voto.
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Desde Hemisferio, la lectura es la siguiente: lo que está en juego en la confirmación de Blanche no es solo un nombramiento de gabinete. Es la definición práctica de qué significa el estado de derecho en la segunda administración Trump. Un Departamento de Justicia que actúa con celeridad contra adversarios del presidente y pausa sus movimientos más visibles justo antes de una votación de confirmación no es, por sí mismo, prueba de instrumentalización —los hechos no permiten esa conclusión—, pero sí es una señal que el Senado tiene la obligación de examinar con rigor antes de entregar las llaves del edificio.
El libre ejercicio de la justicia, principio que esta casa defiende con independencia de quién esté en el poder, exige que el fiscal general responda a la ley, no al calendario político de la Casa Blanca. Esa es la garantía que los senadores republicanos dijeron querer. El pleno dirá si la obtuvieron.
