La escena lo dice todo. El 15 de julio, el Instituto Nacional de Deportes caminó hasta la Fiscalía de Ñuñoa y depositó una denuncia por «falsificación o uso malicioso de documentos públicos». El destinatario: Milovan Kegevic, el hombre que ganó las elecciones para presidir la Federación de Tenis de Chile y que hoy no puede asumir.
El detonante fue un oficio fechado el 13 de julio. Carlos Gaete Becerra, secretario general de la Universidad Bolivariana, firmó ese documento y lo dirigió a la Comisión de Elecciones de la federación. El mensaje era directo: Kegevic y la secretaria del directorio electa, Valentina Marín, no figuran en los registros académicos ni históricos de esa casa de estudios. Sobre esa base, la Comisión de Elecciones impugnó a ambos dirigentes.
El IND actuó con celeridad. En el escrito firmado por el abogado Marcelo Soto, el instituto argumentó que la entrega de un documento falso tiene «tal relevancia para los intereses del Deporte» que el organismo estaba obligado a remitir los antecedentes al Ministerio Público. El propio IND se encargó de aclarar el alcance de la acción: no es una querella, sino el cumplimiento de un deber institucional. La pelota quedó en la cancha de la Fiscalía, que deberá evaluar si corresponde abrir una investigación.
A esa denuncia se sumó una querella presentada por Iván Navarro, vicepresidente que ya había renunciado al cargo, por las mismas razones.
Kegevic no se quedó quieto. Su abogado, Javier Gómez, presentó un recurso ante el Primer Tribunal Electoral Metropolitano pidiendo que se deje sin efecto la resolución de la Comisión Electoral. El argumento central: la impugnación fue presentada fuera de plazo —algo que el propio Tribunal Electoral ya había resuelto previamente— y el acto eleccionario concluyó el 6 de junio. En el escrito también se cuestiona la potestad de la Comisión para resolver un asunto de esta magnitud, así como la validez de la Comisión de Ética de la Fetech.
Pero la respuesta más llamativa llegó en el plano personal. Kegevic acusó una campaña de «asesinato de imagen» y anunció que hará valer «la responsabilidad civil y penal» de los medios de comunicación que difundieron sus antecedentes. Sobre el documento firmado por Gaete, fue categórico: «Para efectuar la última maniobra canallesca, consiguieron un certificado falso de la universidad en que estudié, señalando que no existen mis antecedentes académicos», afirmó, dando vuelta la acusación y apuntando a sus adversarios.
Dos versiones irreconciliables, una federación paralizada y un aparato institucional en movimiento. El Comité Olímpico de Chile sigue el caso con atención, aunque su presidente, Miguel Ángel Mujica, fue claro en marcar los límites: «Como Comité Olímpico no tenemos ningún rol ni ninguna responsabilidad en las elecciones de federaciones». Sí admitió que el organismo presta especial atención cuando las dificultades electorales pueden afectar la participación de deportistas en competencias internacionales.
Ahí está el reloj que nadie puede ignorar. Chile enfrenta a España en la Copa Davis en menos de dos meses. La Federación de Tenis llega a esa cita sin presidente en funciones, con denuncias cruzadas ante la Fiscalía y con el Tribunal Electoral como árbitro de un conflicto que excede con creces lo deportivo.
Los detalles cuentan la historia. Lo que está en juego no es solo quién ocupa un sillón directivo: es la integridad de los mecanismos de certificación que sostienen la vida institucional del deporte organizado. Cuando los títulos profesionales —documentos que el Código Penal protege expresamente— se convierten en campo de batalla, el daño no se limita a los protagonistas del escándalo. Se extiende a los atletas que dependen de una federación funcional, a los contribuyentes que financian al IND y a la credibilidad de todo un sistema de gobernanza deportiva. La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de actuar con la misma celeridad que la situación exige.
