A dos meses del terremoto que golpeó el occidente de Colombia, la Defensoría del Pueblo pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reabrir el Registro Único de Damnificados para ampliar la atención a las familias afectadas.
La solicitud se conoció junto con un nuevo balance oficial de la emergencia. Según la Ungrd, el sismo del 10 de agosto dejó 335 personas fallecidas, 4.516 heridos y 103 desaparecidos. El reporte situó el epicentro en San José del Palmar, Chocó, con magnitud 7,4.
La entidad de control sostuvo que todavía hay barreras para el acceso a la asistencia estatal y que la reapertura del registro permitiría incorporar a personas que no lograron entrar en la primera fase de ayuda. En su comunicación, la Defensoría insistió en que la recuperación debe incluir soluciones de vivienda, atención en salud, acceso a educación y medios de vida.
El impacto del desastre fue amplio. La Ungrd informó que la emergencia alcanzó a 16 departamentos y 500 municipios. También señaló que 489.862 personas y 305.791 familias figuran en el Registro Único de Damnificados, mientras 207.889 viviendas resultaron averiadas.
La Defensoría también pidió que la recuperación no se limite a repartir asistencia de emergencia. Reclamó mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos, y advirtió que la respuesta institucional debe contemplar la gestión del riesgo dentro de los planes de ordenamiento territorial y las decisiones de desarrollo municipal.
Ese planteamiento pone el foco en una debilidad que se repite cuando el Estado llega tarde: primero se improvisa, después se cuenta el daño y al final se intenta ordenar lo que ya quedó roto. La entidad sostuvo que las autoridades deben identificar las zonas de amenaza, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático.
El pedido incluye además la protección de los derechos de circulación de las personas afectadas por desplazamientos, permanencia involuntaria o reubicaciones derivadas de desastres y fenómenos vinculados al clima. La Defensoría dijo que Colombia necesita un marco normativo y protocolos que garanticen evacuaciones, alojamientos temporales, retornos y reubicaciones en condiciones dignas.
En marzo, la institución había convocado a los entonces candidatos presidenciales a adoptar las «Decisiones impostergables en Derechos Humanos». Dentro de ese paquete, la decisión número 13 proponía fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático como obligaciones de derechos humanos.
La escena lo dice todo. Frente a 335 muertos, miles de heridos y cientos de miles de viviendas dañadas, el reclamo ya no es solo humanitario: es administrativo, financiero y territorial. Si el registro no alcanza a todos los damnificados, la ayuda pública queda atrapada en su propio laberinto burocrático.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La discusión de fondo no es únicamente cuánto daño dejó el terremoto, sino si el aparato estatal está preparado para responder sin dejar personas afuera del mapa de la emergencia. Cuando la respuesta depende de trámites, el costo lo pagan siempre los mismos: familias sin casa, sin ingresos y sin tiempo para esperar.
