La escena lo dice todo. Cuatro cuerpos llegaron a la morgue de Tarazá con heridas que, según las autoridades locales, son compatibles con artefactos explosivos. Los remitieron a Medicina Legal en Medellín para necropsia e identificación plena. Poco después, una explosión en el corregimiento El Doce mató a una quinta persona y destruyó al menos dos casas.
En total: cinco muertos en pocas horas. El municipio del Bajo Cauca antioqueño volvió a convertirse en escenario de la guerra que el ELN y el Clan del Golfo libran por el control de la minería ilícita y las rutas del narcotráfico.
Drones sobre techos civiles
La explosión en El Doce abrió una hipótesis que, de confirmarse, marcaría una escalada tecnológica preocupante en el conflicto rural colombiano. En un primer momento se habló de un artefacto explosivo convencional. Luego cobró fuerza otra versión: que un dron cargado con explosivos habría impactado una vivienda —o caído accidentalmente sobre ella— en medio de los combates entre los dos grupos ilegales.
Las autoridades no han confirmado cuál de las dos versiones es la correcta. Pero el solo hecho de que la segunda sea plausible dice mucho sobre el armamento que circula hoy por las veredas del Bajo Cauca.
70 personas sin techo, sin Estado
Los combates se extendieron por los corregimientos de El Doce, El Piñal y Barro Blanco, según confirmó el alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez Correa, en declaraciones a Hora 13 Noticias. El resultado inmediato fue el desplazamiento de aproximadamente 70 personas que se autoalbergaron en el casco urbano del municipio.
Álvarez Correa lideró un consejo extraordinario de seguridad con participación del Ejército y la Policía, en el que se solicitó reforzar la presencia permanente de la fuerza pública y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Pero el alcalde no ocultó su desesperación ante la cámara: «Ayúdennos, esos territorios, que durante mucho tiempo han sido olvidados por el Estado, es la hora que lleguemos con proyectos productivos, que lleguemos con vivienda rural, que lleguemos con vías terciarias. Lastimosamente hacemos el llamado, pero parecieran no tener Gobierno nacional».
La frase no es retórica. Es el diagnóstico de un municipio que lleva décadas esperando que Bogotá llegue antes que los grupos armados.
El telón de fondo
La disputa entre el ELN y el Clan del Golfo en el Bajo Cauca no es nueva, pero se ha intensificado. Según información preliminar recogida por El Colombiano, las muertes de esta semana serían consecuencia directa de la pugna territorial por el control de la minería ilícita y las rutas de narcotráfico en la zona rural de Tarazá. Dos economías ilegales que, en ausencia del Estado, son el único «orden» que conocen muchas veredas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el empalme de gobierno reveló —según consignó el mismo medio— que durante la administración Petro se registra un combate con grupos armados cada 20 horas. El dato no habla de victoria; habla de una guerra de baja intensidad que se ha normalizado como ruido de fondo.
Lo que está en juego
Tarazá no es una anomalía: es el síntoma más reciente de una política de seguridad que ha privilegiado la negociación sobre el control territorial. Mientras el Gobierno nacional sostiene diálogos con el ELN, los pobladores de El Piñal y El Doce reciben los fragmentos de los artefactos explosivos que esos mismos actores arrojan sobre sus casas y sus vecinos.
El alcalde pide vías terciarias, vivienda rural y proyectos productivos. Tiene razón en pedirlos. Pero la inversión social sin seguridad no llega, o llega tarde y mal, porque ningún contratista entra a una vereda donde dos grupos armados dirimen con explosivos quién manda. El orden público no es el enemigo del desarrollo: es su precondición.
Lo que ocurre en Tarazá es la factura que paga la población civil cuando el Estado decide que la presencia armada del Gobierno es negociable. Los 70 desplazados de esta semana saben bien el precio de esa decisión.
