Carlos Suárez, estratega del presidente Abelardo De La Espriella y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, anunció que se apartará de cualquier decisión que llegue a la junta sobre la familia de Juanita León. Lo hizo tras una serie de mensajes en X contra la directora de La Silla Vacía, a quien cuestionó por supuestos nexos de su familia con la estatal petrolera.
En su escrito, Suárez dijo que la discusión pública gira en torno a «los nexos comerciales y millonarios del emporio empresarial León Dub y sus relaciones millonarias con Ecopetrol». También afirmó que la imparcialidad debía prevalecer «en el servicio» y que por eso se declaraba impedido frente a cualquier asunto relacionado con «nexos pasados, presentes o futuros» de la familia León con la petrolera.
La escena lo dice todo. El cruce no se quedó en una disputa personal entre dos figuras visibles del debate público: tocó de frente a Ecopetrol, una estatal petrolera, y al mismo tiempo abrió una discusión sobre los límites entre periodismo, activismo y poder económico. Suárez no solo respondió a la línea editorial de La Silla Vacía; la acusó de actuar como «actor político financiado por grupos económicos perfectamente identificables».
En sus mensajes, Suárez sostuvo que La Silla Vacía y Juanita León no se presentan, a su juicio, como observadores neutrales, sino como protagonistas del conflicto. Dijo también que el portal ha declarado unilateralmente su enemistad con él y con el Gobierno de De La Espriella, y que la posición de León responde a una «animadversión personal» que, según afirmó, conoce «de primera mano».
El estratega fue más allá y pidió quitarle lo que llamó el disfraz de arbitraje. «No desconozco tu derecho a publicar. Desconozco tu pretensión de golpear como adversaria y ser protegida como árbitro», escribió. Añadió que no buscaba silenciarla, sino «igualar el terreno».
La segunda parte de su argumento apuntó a la maquinaria digital. Suárez afirmó que entre diciembre de 2025 y octubre de 2026 La Silla Vacía hizo 74 publicaciones relacionadas con él en distintas plataformas, con 34.503 interacciones y más de 1.020.000 visualizaciones, sin contar Facebook. Según él, el relato se repitió en X, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube con etiquetas como «amigo», «estratega», «sin experiencia», «nexos», «amiguismo», «sectarismo» y «conflicto de interés».
También dijo que las palabras que más se repiten alrededor de su nombre son «estratega», 41 veces; «campaña», 38; y «amigo», 26. En su lectura, esa repetición no describe su trabajo, sino que construye «la figura de un operador político cuyo poder no proviene de un cargo formal, sino de su cercanía personal con el presidente».
El cierre del mensaje fue una acusación directa contra el método que atribuye al portal. Suárez dijo que La Silla Vacía «construye una narrativa, la empaqueta, la distribuye y la repite hasta convertirla en ambiente», y que luego se refugia en la solemnidad del periodismo para fingir que no tuvo que ver con los efectos de esa narrativa. También acusó a la directora de defender intereses de su familia, a la que describió como «inmensamente rica» y con contratos con el Estado o con sus empresas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El episodio muestra hasta qué punto la batalla política en Colombia ya no se libra solo en las urnas o en el Congreso, sino en el terreno de la reputación, la influencia y la capacidad de moldear percepciones. Cuando el presidente de la junta de una estatal como Ecopetrol entra en una pelea pública de este tipo, el costo no es solo institucional: también se mide en confianza, en credibilidad y en el uso de un aparato estatal que debería estar blindado frente a conflictos de interés.
La lectura de fondo es incómoda para cualquiera que valore el orden institucional. Si una relación con una empresa pública termina bajo sospecha, el remedio no puede ser menos transparencia, sino más. Y si un medio es acusado de actuar como actor político, la respuesta no debería venir de la trastienda del poder, sino de reglas claras, escrutinio abierto y separación estricta entre intereses privados, periodismo y decisiones públicas.
