Solvang, la ciudad californiana que se describe a sí misma como la «capital danesa de América», está volviendo sobre una decisión que había avanzado sin el nivel de escrutinio público que ahora exige la discusión política. En el centro está un contrato por tres años con XIT Solutions para instalar cámaras Verkada en varios puntos de la ciudad, incluidas Solvang City Hall, City Hall Annex, Solvang Park, First Street, Alisal Road en Oak Street y Alisal Road en Copenhagen Drive.
La medida había sido aprobada en julio de 2025, pero el consejo municipal decidió revisar su política de cámaras con inteligencia artificial después de que creciera la preocupación pública por sistemas de vigilancia como Verkada y Flock Safety. La escena lo dice todo: no se trata solo de colocar hardware en la vía pública, sino de definir quién ve, quién almacena, quién accede y bajo qué reglas.
Durante la reunión del 14 de septiembre, la concejal Elizabeth Orona dijo que la ciudad había dicho sí a una empresa de instalación, XIT Solutions, pero que no había investigado «qué hace realmente la tecnología de las cámaras» ni «dónde se almacenan los datos», «quién tiene acceso» y «quién gobierna ese acceso». Su observación puso el foco en un punto elemental de cualquier sistema de vigilancia: la infraestructura física puede ser visible, pero la gobernanza de la información es la verdadera trastienda del poder.
Orona también señaló que «la empresa de cámaras ha sido hackeada, y sus credenciales de superadministrador han sido comprometidas». Además, vinculó su pedido de revisión con la decisión de la ciudad de introducir más herramientas de inteligencia artificial, reconocimiento facial y reconocimiento de matrículas.
La concejal fue aún más directa al advertir que «ya no existe una ley de California sobre reconocimiento facial». Según dijo, solo la política interna de la ciudad queda entre la expectativa pública de privacidad y el uso que se haga de esos datos, así como de su seguridad y control de acceso.
Ese punto resume el conflicto de fondo. Cuando una ciudad decide desplegar vigilancia asistida por IA en espacios públicos, no solo amplía su capacidad de observación; también asume una responsabilidad mayor sobre el tratamiento de información sensible de residentes y visitantes. Y ahí el aparato estatal local deja de ser un simple administrador de cámaras para convertirse en custodio de datos, con obligaciones que no pueden quedar difusas.
El desenlace en Solvang todavía no está cerrado. El consejo municipal ya había dado el paso inicial, pero ahora reabre la discusión bajo presión ciudadana y política. En paralelo, otro ayuntamiento de California tomó una decisión parecida: al día siguiente de la reunión en Solvang, el consejo de Santa Barbara abandonó sus planes de firmar un contrato con Verkada hasta completar una revisión integral de su política sobre lectores de matrículas, según reportó Santa Barbara News-Press.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El patrón que aparece en ambas ciudades no es tecnológico sino institucional: primero avanza la promesa de eficiencia, luego aparece la pregunta por la privacidad, y al final surge el costo de haber tratado la vigilancia como un trámite y no como una decisión de poder.
Lo que está en juego no es una discusión abstracta sobre innovación, sino el equilibrio entre seguridad y libertad individual. La vigilancia puede seducir a los gobiernos locales porque promete control y orden, pero cuando los datos quedan en manos de sistemas poco transparentes, el riesgo lo asume el público, no la burocracia.
En este caso, la revisión abre una pausa saludable. Si una ciudad va a poner cámaras con IA sobre turistas y residentes, primero debe explicar con claridad qué información recolecta, dónde queda almacenada y quién responde si algo falla. Sin esas respuestas, la modernización deja de ser una mejora del servicio público y se parece demasiado a una expansión silenciosa del poder estatal sobre la vida cotidiana.
