Los principales sindicatos de Ecuador, junto con algunas organizaciones sociales, marcharon este jueves por varias calles de Quito para exigir al Gobierno del presidente Daniel Noboa «cambios radicales» en salud, educación y empleo.
La protesta reunió a dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), jóvenes, adultos y otras personas que también expresaron rechazo por los feminicidios, las desapariciones forzadas y el alto nivel de violencia que registra el país.
Edwin Bedoya, presidente del FUT, dijo que las movilizaciones comenzaron porque no han tenido «ninguna respuesta» del Gobierno a las propuestas que han planteado para el país. Entre ellas mencionó mejorar el presupuesto para la educación y la salud, además de mejorar el trato a los trabajadores cuyos derechos, afirmó, «están siendo violentados».
Bedoya aseguró que con gobiernos anteriores sí podían reunirse, pero que en este «no hay quien dialogue con los trabajadores» ni «para resolver las problemáticas de los pueblos». También sostuvo que hay «muchas necesidades que este Gobierno no ha atendido» y puso como ejemplo la falta de medicinas en los hospitales y «el aumento del costo de la vida».
Otro de los puntos de la protesta fue la energía. Bedoya afirmó que se están subiendo las tarifas eléctricas a las empresas y que eso repercute en la pérdida de empleo.
José Villavicencio, presidente de la UGTE, dijo que salieron a las calles para «condenar la política de miseria, de pobreza, de desempleo, de falta de educación, de falta de salud» que, según él, hay en el país. También cuestionó que el Gobierno diga que no habrá cortes de energía para la ciudadanía, pero que la medida «sí afecte a la producción» y a la «generación de empleo».
Su señalamiento se produce en medio de las desconexiones de 48 horas seguidas que sufren las empresas de alto y mediano voltaje por la sequía en las zonas de las hidroeléctricas, y que desde la próxima semana se elevarán a tres días.
En la marcha, los manifestantes llevaron banderas y carteles contra Noboa y quemaron una figura de cartón con la imagen del mandatario. El gesto dejó ver el nivel de tensión que rodea hoy la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical.
Bedoya también dijo que preparan encuentros en otras ciudades del país en los próximos meses para analizar la situación de los derechos laborales, a la protesta y la «persecución», que, aseguró, sufren dirigentes sociales.
Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), llamó a los movimientos indígenas y campesinos a sumarse a próximas movilizaciones que anunciarán próximamente.
La escena lo dice todo. Mientras el Gobierno enfrenta críticas por salud, educación, empleo y energía, la trastienda sindical apuesta por ampliar la presión en las calles y llevar el conflicto a otras ciudades.
Para el país, el choque no es menor: cuando la política se concentra en la protesta y la respuesta oficial no aparece, el costo termina pagándolo la ciudadanía. En salud, en educación, en empleo y en actividad productiva, el desenlace siempre se mide en servicios que no llegan, inversiones que se frenan y oportunidades que se pierden.
