La escena lo dice todo. En una homilía en una iglesia de Estados Unidos, el obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez describió una lógica política que, según él, convierte la codicia en corrupción y violencia. Habló de regímenes totalitarios, de concentración de poder y de mecanismos que terminan por vaciar al Estado y poner sus recursos al servicio de grupos reducidos.
Báez, exiliado en Estados Unidos desde 2019, afirmó que cuando la codicia se adueña del corazón, las personas se vuelven «egoístas e insensibles», incluso capaces de recurrir a la violencia para conservar y aumentar sus bienes. Desde ese marco, conectó el plano moral con el político: la acumulación de riquezas y la concentración de atribuciones, dijo, forman parte de una misma dinámica.
El obispo, uno de los críticos más activos del régimen que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, sostuvo que en los poderes totalitarios la codicia «se convierte en política de Estado» y puede expresarse a través de «múltiples formas de corrupción». Entre ellas enumeró la confiscación de bienes, la complicidad con el narcotráfico y el lavado de dinero, además de la entrega discrecional de concesiones mineras.
También denunció el uso de los recursos naturales y de los fondos públicos en beneficio de sectores cercanos al poder. «¡Convierten la viña de todo un pueblo en finca de unos cuantos!», expresó al retomar la parábola bíblica de los viñadores. Para Báez, el problema no es solo ético: es institucional. Cuando el poder no tiene límites, dijo, la arbitrariedad y la violencia se vuelven instrumentos para apropiarse de lo que pertenece a la sociedad.
En esa misma homilía, el obispo advirtió que el deseo de poder puede producir tiranos que no aceptan límites ni dudan en convertir en ley sus «oscuros y desquiciados caprichos». La advertencia encontró eco en el contexto político nicaragüense, donde la Asamblea Nacional aprobó el 1 de septiembre, en primera lectura, una reforma constitucional que impediría competir en elecciones a quienes el Estado considere «traidores a la patria».
La iniciativa todavía requiere una segunda aprobación legislativa. Pero ya dejó una señal clara: el giro institucional apunta a cerrar aún más el espacio político, en un país donde la misma reforma también contempla extender de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular.
Ortega, de 80 años, acumula 30 años en el poder. Según los datos difundidos en la nota, coordinó la Junta de Régimen entre 1979 y 1985, presidió Nicaragua entre 1985 y 1990 y volvió a la Presidencia en 2007. Esa continuidad ayuda a explicar por qué Báez coloca el foco en la concentración de atribuciones: cuando el mismo núcleo político controla el poder durante décadas, el costo para la alternancia y la rendición de cuentas es evidente.
Desde su exilio, Báez ha mantenido una postura crítica frente al régimen sandinista y ha denunciado la persecución contra opositores, miembros de la Iglesia católica y organizaciones civiles. El papa Francisco ordenó su salida de Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, un dato que subraya hasta qué punto la disidencia religiosa quedó atrapada en la trastienda del poder.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La homilía de Báez no fue solo una reflexión religiosa: fue una lectura política sobre un modelo que, según él, transforma el aparato estatal en botín y usa la ley para consolidar privilegios. En un país donde la competencia electoral se estrecha y los mandatos se alargan, la pregunta de fondo es quién controla el Estado y para qué.
Ese es el desenlace que importa a cualquier sociedad: si las instituciones protegen la propiedad de todos o si terminan administrando, con lenguaje legal, la apropiación de unos pocos. Allí está el principio en juego. Cuando la política deja de poner límites, el dinero de los contribuyentes, los recursos naturales y la libertad cívica quedan expuestos a la misma lógica de captura que Báez denunció en su homilía.
