A puerta cerrada, en la Comisión de Seguridad del Senado, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, puso el foco en un caso que encendió la trastienda institucional: el traslado de un reo de alta peligrosidad al penal de Punta Arenas. Su tesis fue directa: esa atribución corresponde a Gendarmería.
Silva sostuvo que existen múltiples fallos previos que «reafirman la atribución exclusiva del director nacional de Gendarmería para disponer dónde se cumplen las penas privativas de libertad o las medidas cautelares privativas de libertad». Según expuso, algunos Tribunales y Juzgados de Garantía «parecen desconocer esto» y usan márgenes del Código Procesal Penal, en particular los artículos 10 y 95, para cuestionar la decisión de la institución penitenciaria.
El subsecretario dijo que una solución de largo plazo serían los Tribunales de Ejecución de Pena, pero que a corto plazo ve una corrección legislativa que podría ser «muy eficaz». También planteó que los jueces «están sujetos a la ley y al derecho» y que debe asegurarse que cumplan con ambos. Para ello, afirmó, es básica la apelación en todo caso.
«Lo que no puede ocurrirnos es que un juez tome esta decisión y esa decisión no se pueda revisar por su superior jerárquico. Eso es lo que no puede pasar», señaló Silva durante la sesión. Añadió que ve una oportunidad para modificar la ley y obligar a que la decisión de un Juzgado de Garantía o de un Tribunal Oral en lo Penal pueda revisarse por su superior jerárquico, a solicitud del órgano competente.
En su lectura, si esa decisión no queda bajo revisión, se abre «un frente muy, muy vulnerable para que el crimen organizado extienda su red» a través de la definición judicial de dónde van a ser privadas de libertad las personas. La escena lo dice todo: el debate no es solo sobre un traslado, sino sobre quién manda realmente dentro del sistema penal.
En la misma comisión, el presidente de la instancia, Karim Bianchi, elevó el tono contra la resolución judicial. Dijo que le parecía «increíble que el crimen organizado esté llegando a Magallanes de parte de un juez» y afirmó: «No existe un sicario en Magallanes, lo están enviando por vía judicial». También pidió que Silva evalúe aplicar el artículo 32, número 13, de la Constitución para pedirle al Presidente de la República que intervenga, porque —a su juicio— no se estaría actuando dentro del marco normativo.
La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, intervino para defender la segregación penitenciaria por riesgo y peligrosidad, «es decir, por el perfil criminológico y no la conducta». Su definición es reveladora: el Estado decide según el nivel de riesgo, no por percepción política ni por presión coyuntural.
Pedro Araya, en tanto, insistió en la necesidad de avanzar con urgencia en tribunales de cumplimiento de condena. Según dijo, si existieran, probablemente este tema ya estaría superado. Ese es el giro que buscan varios legisladores: sacar de la nebulosa judicial una atribución que hoy termina en conflicto entre organismos del mismo Estado.
La comisión también siguió la discusión de un proyecto que endurece las sanciones por agresiones a las policías. Giannini defendió la iniciativa en nombre de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Sostuvo que quien agrede a un carabinero, a un detective o a un gendarme «agrede el Estado de Derecho».
Agregó que el proyecto busca que la agresión tenga una consecuencia real, en este caso una pena privativa de libertad, y que endurece el castigo a quienes atacan en grupo. Además, sanciona el insulto grave a la función policial, sin aumentar las penas máximas ni criminalizar la crítica legítima, según su exposición.
La subsecretaria insistió en que no se está penalizando la crítica legítima a la policía, sino la humillación y la agresión en el ejercicio de sus funciones. Andrés Longton, por su parte, dijo que los insultos a las policías se han vuelto «parte de la normalidad» y sostuvo que la libertad de expresión «nunca puede ser a costa de la honra de las personas».
Pero no todos vieron el texto con los mismos lentes. Verónica Encina, defensora nacional penal pública, planteó reparos sobre la nueva figura asociada a insultos u ofensas graves. A su juicio, el proyecto debería precisar que el bien jurídico protegido es la dignidad institucional y no la honra individual del funcionario.
Encina también advirtió que la nueva figura mantiene similitudes con el antiguo delito de desacato, derogado por su pugna con el derecho a la libertad de expresión. Por eso sostuvo que subsiste una discusión de eventual inconstitucionalidad de la norma.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el Estado discute simultáneamente cómo ordenar sus cárceles y cómo proteger a sus policías. En ambos casos, el principio en juego es el mismo: autoridad con reglas claras, o discrecionalidad judicial y burocrática que termina debilitando la respuesta frente al crimen.
Si la corrección legal que plantea Silva avanza, Gendarmería recuperaría un margen de decisión más nítido sobre la ubicación de los reos de mayor peligrosidad. Si no avanza, seguirá abierta una disputa que hoy ya consume tiempo, erosiona certeza y deja al sistema penal atrapado entre fallos, apelaciones y sospechas cruzadas.
En el caso de las agresiones a policías, el desafío es similar. Proteger la función policial importa, pero hacerlo sin cruzar la frontera de la libertad de expresión será la prueba decisiva. Ahí se mide si el Congreso logra fortalecer el orden sin abrir una nueva controversia constitucional.
