La escena lo dice todo.
Los manifestantes ya habían dado sus declaraciones frente a la sede de Corpoelec, en la calle La Planta de Maturín, cuando los funcionarios de PoliMonagas viraron la atención hacia otro objetivo: los periodistas que cubrían la protesta. Siete comunicadores fueron fotografiados y grabados por los uniformados mientras permanecían en el lugar realizando sus reportes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció los hechos este jueves a través de su cuenta de X. El gremio describió las acciones como actos de intimidación y advirtió que «las prácticas de vigilancia o seguimiento contra periodistas constituyen una acción intimidatoria que puede inhibir el ejercicio profesional».
El registro sistemático de quienes cubren una protesta no es un gesto neutro. En el contexto venezolano, donde el aparato estatal ha acumulado años de presión documentada contra la prensa independiente, ser fotografiado por un funcionario uniformado en el ejercicio del reporteo equivale a un mensaje: estamos tomando nota de quién eres y de lo que haces.
Los detalles cuentan la historia. La protesta tenía como escenario la sede de Corpoelec, la empresa eléctrica estatal cuyas fallas de suministro han sido fuente recurrente de malestar ciudadano en el estado Monagas. Los manifestantes acudieron a expresar ese malestar. Los periodistas acudieron a registrarlo. Que la respuesta policial se desplazara del control de la concentración hacia la documentación de los reporteros revela, según el SNTP, una lógica de vigilancia que va más allá del orden público.
El gremio no reportó detenciones ni confiscación de equipos en este episodio. La denuncia se centra en el carácter intimidatorio del acto mismo: ser grabado y fotografiado por quienes tienen poder coercitivo, sin motivo aparente vinculado a la seguridad del operativo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Venezuela atraviesa un ciclo de protestas sociales vinculadas, entre otros factores, a las fallas en los servicios públicos. La cobertura periodística de esas movilizaciones se convierte, en ese marco, en un termómetro incómodo para las autoridades locales. Que PoliMonagas haya optado por registrar a los comunicadores presentes —y no simplemente ignorarlos— sugiere que la presión sobre la prensa no requiere necesariamente de arrestos para operar: basta con que el periodista sepa que su rostro quedó archivado.
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Desde Hemisferio, la lectura es directa: la libertad de prensa no se erosiona únicamente con cárceles o confiscaciones. Se erosiona, también, con cámaras apuntadas en el momento equivocado, sostenidas por quienes portan uniforme y autoridad. Lo que el SNTP describe en Maturín es un instrumento clásico de autocensura inducida: el periodista que sabe que fue registrado calcula, la próxima vez, si vale la pena volver.
Ese cálculo —cuánto cuesta cubrir y cuánto cuesta no hacerlo— es precisamente el que el Estado no debería poder imponer. Cuando la burocracia de seguridad convierte a los reporteros en sujetos de vigilancia durante el ejercicio de su trabajo, el perjudicado final no es el gremio periodístico: es el ciudadano que depende de esa información para entender lo que ocurre frente a la sede de su empresa eléctrica.
