Las inmediaciones del Internado Judicial El Rodeo I, en el estado Miranda, se convirtieron en campamento permanente. Siete meses después de instalarse allí, los familiares de presos políticos venezolanos siguen sin recibir la respuesta que esperaban.
Todo comenzó en enero pasado, cuando la vocería de la Asamblea Nacional anunció excarcelaciones masivas. Esa promesa movilizó a decenas de familias hacia las afueras del recinto carcelario. Lo que parecía una espera breve se transformó, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), en «un símbolo nacional de resistencia, fe y exigencia pacífica».
La vigilia no se limita a El Rodeo I. Según Clippve, la protesta también exige la libertad de personas recluidas en Yare, Ramo Verde, Fuerte Guaicaipuro, El Helicoide, Las Crisálidas, el INOF y la Zona 7 de Boleíta. El mapa de la detención política en Venezuela, tal como lo describen los familiares, abarca al menos ocho centros de reclusión.
La organización fue precisa en su mensaje al cumplirse el séptimo mes: «Cumplir siete meses en esta protesta pacífica refleja tanto la gravedad de la situación como la templanza de quienes no están dispuestos a dejar en el olvido a sus seres queridos». Clippve también calificó la revisión de los expedientes como «una necesidad urgente e ineludible» y advirtió que cualquier negociación sobre el futuro del país debe poner «los derechos humanos y la libertad en el centro del debate».
Los detalles cuentan la historia. Familias que llegaron con la expectativa de un reencuentro rápido terminaron construyendo una rutina de campamento: noches a la intemperie, turnos de guardia, redes de apoyo entre desconocidos que comparten la misma espera. Para Clippve, ese campamento es hoy la expresión más visible de una crisis de derechos humanos que el gobierno nacional no ha resuelto.
«Hoy se reafirma la causa, el compromiso y la determinación de mantener la voz en alto hasta que el reencuentro de las familias venezolanas sea una realidad», señaló la organización en sus redes sociales.
La escena lo dice todo. Siete meses de vigilia frente a una cárcel son, antes que cualquier otra cosa, el registro de una promesa rota. El aparato estatal venezolano anunció excarcelaciones, movilizó esperanzas y no entregó resultados. Lo que queda es un campamento de familias que eligieron la presencia física como último recurso de presión, en ausencia de instituciones independientes que procesen sus reclamos.
El principio en juego es elemental: ninguna negociación política legítima puede construirse sobre la detención arbitraria de ciudadanos como moneda de cambio. Mientras los expedientes no se revisen y las personas no recuperen su libertad, cada día de vigilia es también un recordatorio de que el estado de derecho en Venezuela sigue siendo, para miles de familias, una promesa diferida.
