El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, SHOA, descartó este viernes riesgo de tsunami para las costas chilenas tras un terremoto de magnitud 7,0 registrado en el archipiélago de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, cerca de Australia.
Según la información difundida por el organismo, el sismo ocurrió a 243 kilómetros al noreste de la isla, en medio del mar, alrededor de las 18.23 hora local. La profundidad del movimiento fue de unos 17 kilómetros.
Tras el evento, el SHOA inició el monitoreo para las costas del país, con el objetivo de advertir a la población sobre una posible situación de riesgo. Pero la evaluación fue clara: las condiciones del sismo no bastan para generar un tsunami en Chile.
«SHOA indica que las características del sismo magnitud 7.0, localizado 243 km al NE de Numea, Nueva Caledonia; no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile», afirmó el organismo en una publicación realizada por Senapred.
La escena lo dice todo: ante un temblor fuerte en el Pacífico, la primera respuesta institucional fue vigilar, medir y descartar. Ese es el valor de una cadena de prevención que actúa antes de que el pánico se convierta en costo para la gente y para el Estado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana, a la lógica básica de la gestión de emergencias: información rápida, monitoreo y una decisión fundada en datos. Cuando el aparato público funciona con esa disciplina, protege vidas y evita alarmas innecesarias. Cuando falla, el precio lo pagan los ciudadanos.
