La escena lo dice todo. A las 6:00 de la mañana del jueves 23 de julio, con casi un mes cumplido desde el doble terremoto que sacudió parte de Venezuela, un grupo de voluntarios seguía rompiendo placas de concreto en los escombros del conjunto residencial OPP 26, en Caraballeda, estado Vargas. No era el aparato estatal. Eran rescatistas que han trabajado de forma ininterrumpida desde la emergencia, solicitando por su cuenta linternas, lámparas y electrolitos para no detener la operación.
El periodista venezolano Seir Contreras permaneció toda la noche en la zona y fue quien recogió los primeros indicios: dos personas podrían seguir con vida bajo los escombros. Según su reporte, se trataría de una mujer de aproximadamente 25 años y una adolescente de entre 14 y 16 años. «Lo más cercano a lo que podemos decirles en este momento es que dos personas estarían con vida y podrían ser rescatadas en las próximas horas», relató Contreras desde el sitio.
Las señales provienen de dos fuentes. Por un lado, comunicaciones indirectas: golpes y rasguños detectados en las paredes de la estructura colapsada. Por otro, registros de sensores de calor utilizados para identificar signos de vida en edificios derrumbados. Ninguna de las dos constituye confirmación oficial, pero fueron suficientes para activar el protocolo médico de emergencia.
El doctor Fernando, uno de los médicos desplegados en el lugar, explicó el margen de incertidumbre con precisión clínica: «Todos son posibilidades. Actualmente siempre lo que son rescates de este tipo son posibilidades hasta que se confirma a la persona, ya que trabajamos tras paredes, no sabemos exactamente qué hay allí, pero tratamos de llegar para confirmar y tener todo el equipo listo». Los servicios médicos permanecen en el sitio. El protocolo contempla estabilizar a los pacientes en el lugar, trasladarlos en ambulancia y llevarlos al hospital «Samaritan», habilitado con quirófanos, unidad de cuidados intensivos y personal especializado ante la eventual llegada de sobrevivientes.
El acceso al punto donde estarían las posibles víctimas ha sido el principal obstáculo. Los voluntarios han debido retirar enormes cantidades de escombros, incluidos muebles de viviendas que quedaron atrapados tras el colapso de la estructura. Los detalles cuentan la historia: no hay maquinaria pesada del Estado en el relato de Contreras, solo personas con linternas pidiendo electrolitos en mitad de la noche.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de finales de junio, cuando el doble sismo golpeó Vargas. Casi un mes después, la operación de rescate más visible en Caraballeda no la protagoniza ninguna institución gubernamental sino un grupo de civiles que se negó a dar por cerrado el caso. Es ese voluntariado el que mantiene viva, literalmente, la posibilidad de un rescate.
Lo que esta historia revela va más allá del drama humano inmediato. En Venezuela, donde el colapso institucional es anterior al colapso de los edificios, la sociedad civil cubre el vacío que deja un Estado que no llega —o llega tarde— a sus propios ciudadados en emergencia. Que a 29 días del terremoto sean voluntarios quienes solicitan lámparas y electrolitos para continuar un rescate, mientras los equipos médicos esperan en la periferia de los escombros, describe con más elocuencia que cualquier estadística el estado real de la capacidad estatal venezolana. Si hay sobrevivientes bajo esas placas de concreto, el mérito será de quienes eligieron quedarse, no del aparato que debió haber estado allí desde el primer día.
