La escena lo dice todo: mientras las mayores tecnológicas aceleran la construcción de centros de datos en todo Estados Unidos para alimentar el auge de la inteligencia artificial, una investigación del Senado concluye que algunas empresas están vendiendo una versión incompleta de la cuenta.
El trabajo, compartido primero con TIME, será parte de un esfuerzo más amplio de legisladores que buscan más barreras regulatorias para proyectos de enorme escala y alto consumo eléctrico. La investigación fue liderada por la oficina de la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, junto con los senadores Chris Van Hollen, de Maryland, y Richard Blumenthal, de Connecticut. Se enfocó en siete desarrolladores: Amazon, Google, Meta, Microsoft, CoreWeave, Digital Realty y Equinix.
Los investigadores pidieron información a cada empresa e interrogaron a empleados. Entre sus hallazgos figura que varias compañías se negaron a entregar datos completos sobre empleo permanente. Algunas dijeron que el personal fijo equivaldría a cerca de un trabajador por cada megavatio de demanda eléctrica. Bajo esa medida, un centro de datos de 100 megavatios podría consumir electricidad similar a la de 100.000 hogares y emplear unos 100 trabajadores permanentes después de la construcción.
Van Hollen dijo que el informe «pone al descubierto» lo que, a su juicio, ya se sabía: que trabajadores y comunidades locales están pagando la expansión de Big Tech mientras las compañías operan sin transparencia.
El reporte también señala que los incentivos más lucrativos no siempre son las exenciones sobre impuestos a la propiedad que suelen dominar el debate público, sino las exenciones del impuesto sobre ventas para equipos informáticos. La investigación estima que el hardware especializado requerido por estas instalaciones es enorme, y que las GPU representan alrededor del 39% del gasto en un centro de datos de IA promedio de 1 gigavatio.
Otro punto sensible es el uso de acuerdos de confidencialidad. Según la investigación, las cuatro grandes tecnológicas incluidas —Amazon, Google, Meta y Microsoft— han pedido de forma rutinaria NDAs durante el desarrollo de centros de datos. Algunas reconocieron haberlos solicitado a funcionarios. El Senado argumenta que esos acuerdos no solo protegen información comercial sensible, sino que también han limitado el escrutinio público de pactos sobre dinero de impuestos, tarifas eléctricas e infraestructura pública.
Microsoft dijo a los investigadores que dejaría de pedir NDAs con gobiernos locales, aunque seguiría usándolos con agencias estatales, comisiones de servicios públicos y empresas de servicios. Amazon anunció una política similar. Google y Meta, según el informe, no se comprometieron a terminar esa práctica con gobiernos locales.
La controversia ya llegó a la campaña política. Una reciente encuesta Economist/YouGov encontró que cerca de la mitad de los estadounidenses dice que la construcción de centros de datos es mala para el país. Ambos partidos han hecho de este tema una bandera, incluso cuando el presidente Trump advierte que la oposición a estos proyectos podría empujar la expansión de la IA al exterior.
El corazón de la disputa está en una pregunta simple y costosa: quién paga la red eléctrica que estas instalaciones obligan a ampliar. El informe sostiene que el debate no es solo sobre empleo o crecimiento, sino sobre si las empresas que empujan la demanda deben asumir el costo incremental de la nueva infraestructura o si ese peso termina repartido entre otros clientes y contribuyentes.
Los investigadores dijeron que ninguna de las siete empresas aceptó un estándar que les exigiera pagar por la construcción de nueva infraestructura eléctrica que no habría sido necesaria sin sus centros de datos. Las compañías, en general, dijeron que cubrirían los costos directos de atender sus instalaciones, pero sostuvieron que inversiones más grandes en la red —como nuevas plantas y líneas de transmisión— también benefician a otros usuarios y no deberían cargarse automáticamente a la empresa que impulsó la necesidad.
El informe menciona una planta de energía en la parroquia de Richland, Luisiana, que Entergy ha buscado comprar. Analistas sostienen que la compra estuvo impulsada principalmente por el centro de datos de Meta, valorado en $50 mil millones, que debería demandar 4.500 megavatios de electricidad, unas cuatro veces la demanda máxima de toda la ciudad de Nueva Orleans. Las estimaciones indican que la compra podría elevar las facturas eléctricas del cliente promedio de Entergy entre $8 y $13 al mes. Meta ha disputado que su proyecto sea responsable de esos costos.
Cuando el Congreso vuelva a reunirse después de las elecciones de medio término, los centros de datos estarán entre los temas pendientes. En septiembre, la Cámara de Representantes aprobó de forma abrumadora la Ratepayer Protection Act, 417-3, que ordenaría a los estados considerar estándares para que clientes de gran carga, como los centros de datos, cubran los costos incrementales de generación, transmisión y distribución.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que la promesa de la IA dejó de sonar como una historia de innovación pura y pasó a parecer una discusión clásica sobre poder, privilegios y factura final. El desenlace todavía no está escrito, pero el conflicto ya muestra a quién beneficia primero el auge: a las tecnológicas que corren por construir, o a los contribuyentes y usuarios que podrían terminar financiando parte del tendido.
La advertencia de fondo es incómoda para cualquier economía seria: si la inversión privada depende de subsidios opacos, exenciones selectivas y costos socializados, el mercado deja de enviar señales limpias. La competencia se distorsiona y la infraestructura termina como otro capítulo del aparato estatal al servicio de jugadores enormes.
Si el Congreso avanza en reglas más duras, la discusión no será solo técnica. Será sobre responsabilidad, transparencia y la vieja pregunta de quién debe pagar cuando una empresa privada necesita que otros amplíen la red para sostener su negocio.
