El Senado retomará este martes el debate en comisión del proyecto de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo a fines de abril. La escena vuelve a poner en primer plano una discusión que quedó trabada en mayo, cuando Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, chocó con la negativa de amplios sectores de la oposición dialoguista, sobre todo la UCR y Pro, a eliminar las PASO.
Esta vez, el regreso al recinto no obedece a un cambio de escenario, sino a la presión cruzada de dos frentes. Por un lado, la Casa Rosada mantiene la amenaza latente de que no habrá sociedad electoral en 2027 con gobernadores aliados y colaboradores si no acompañan la derogación de las primarias. Por el otro, un sector de la oposición reclama avanzar con un proyecto de ficha limpia, que prohíbe ser candidatos nacionales a los condenados en segunda instancia judicial.
El dato político de fondo sigue intacto: sin el apoyo de los dialoguistas y con el PJ alineado en contra de derogar las PASO, el Gobierno y sus 21 senadores propios no alcanzan la mayoría absoluta que exige la Constitución Nacional para aprobar una reforma electoral. En el Senado, esa cuenta se traduce en 37 votos afirmativos. Hoy no están.
Bullrich aceptó reabrir la discusión y convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para esta semana. La intención inicial del oficialismo es que haya reuniones informativas para escuchar a especialistas, mientras el Gobierno espera reunir los apoyos necesarios para destrabar el corazón de la reforma: la eliminación de las primarias.
La misión quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que hasta ahora no mostró avances significativos. En la trastienda, el Gobierno intenta ordenar una reforma que mezcla cálculo electoral, disciplina partidaria y control de acceso a la competencia. La escena lo dice todo: antes de hablar de modernización, primero necesita juntar los votos.
El proyecto de ley de Reforma Electoral Integral tiene 79 artículos y siete títulos principales. Su núcleo va mucho más allá de las PASO. Incluye la aplicación de ficha limpia no solo para cargos electivos, sino también para puestos en el Poder Ejecutivo y en la Administración Pública. También endurece las condiciones para crear partidos de distrito: toda agrupación nueva deberá reunir en 180 días corridos afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón local.
Durante ese período, esas agrupaciones quedan en condición de partidos en formación. En ese estado tienen prohibido presentar candidaturas y no pueden percibir aportes públicos de ningún tipo. Para alcanzar la personería como partido de orden nacional, una fuerza deberá contar con reconocimiento definitivo en al menos 10 distritos, frente a los cinco que exige hoy, y sumar afiliados que representen el 0,1% del Registro Nacional de Electores.
La reforma también fija reglas más duras para sostener la personería jurídica. Sería causa de caducidad automática no alcanzar el 3% del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales consecutivas, no concurrir a dos comicios nacionales seguidos, no realizar internas de autoridades durante cuatro años o violar la paridad de género en los órganos partidarios.
En materia de ficha limpia, el texto inhabilita a las personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, así como a los imputados o condenados por genocidio o crímenes de lesa humanidad. Además, crea en la Cámara Nacional Electoral un Registro Público de Ficha Limpia y aclara que la presentación de recursos judiciales no suspenderá la inelegibilidad.
Otro eje central es la boleta única de papel. El proyecto la incorpora de manera definitiva al Código Electoral Nacional como herramienta para todos los comicios nacionales. También prevé casilleros específicos para el voto individual por categoría y un casillero para el voto por lista completa, una fórmula que genera rechazo en fuerzas provinciales.
El texto fija además que la campaña electoral comenzará 60 días antes de los comicios y terminará 48 horas antes. En ese período, prohíbe los actos de gobierno que promuevan el voto durante los 25 días previos.
La reforma toca también el financiamiento político. Reestructura el uso del Fondo Partidario Permanente y permite que el aporte ordinario anual se utilice no solo para desenvolvimiento institucional y capacitación, donde será obligatorio destinar al menos el 10%, sino también para financiar campañas electorales. A cambio, elimina los aportes públicos extraordinarios específicos que el Estado otorgaba para cada contienda electoral.
En el financiamiento privado, fija un límite de aportes por persona humana o jurídica del 35% del módulo electoral por elector registrado. Mantiene, además, la prohibición absoluta de recibir donaciones de contratistas del Estado, concesionarios, empresas de juegos de azar, sindicatos o personas procesadas o condenadas por delitos graves como lavado de dinero o corrupción.
La discusión que se abre en el Senado no es menor. En nombre de la eficiencia, el Gobierno empuja una arquitectura electoral más restrictiva, con menos margen para partidos débiles y más filtros para competir. Quienes defienden la reforma la presentan como orden institucional. Quienes la resisten ven una barrera de entrada más alta, menos libertad para la oferta política y más poder concentrado en las estructuras ya consolidadas.
Para el contribuyente, el punto no es menor: el Estado seguirá definiendo reglas, recursos y candados sobre la competencia. Si el oficialismo logra avanzar, no solo habrá cambiado el modo de votar. Habrá redefinido quién puede entrar, quién puede quedarse y cuánto cuesta sostener el andamiaje partidario. Esa es, en el fondo, la disputa por el control del sistema.
