La American Society of Mexico (AmSoc) llevó este martes al Senado un mensaje de alarma: la reforma sobre doble nacionalidad que se discutirá en la Cámara Alta no solo toca un asunto jurídico, sino la forma en que el Estado mexicano trata a millones de personas que viven entre dos países.
La asociación, presidida por Larry Rubin, hizo un llamado urgente a los senadores y las senadoras antes de la votación de la iniciativa que busca que quienes aspiren a una gubernatura o a la Presidencia sean solo mexicanos.
AmSoc sostuvo que la votación «va mucho más allá de los partidos» y pidió a los legisladores pensar si su responsabilidad está con una instrucción partidista o con los mexicanos a quienes juraron representar. En su mensaje, advirtió que no se puede permitir una división de «mexicanos de primera y de segunda».
La organización afirmó que la discusión involucra a millones de mexicanos con doble nacionalidad, a millones de familias binacionales y a una enorme comunidad de mexicanos en Estados Unidos que, según dijo, durante generaciones ha trabajado, invertido, enviado remesas, creado empleos y mantenido un vínculo profundo con México.
También remarcó que tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano. A su juicio, no se puede permitir que México empiece a dividir a sus propios ciudadanos ni aceptar una «discriminación innecesaria y profundamente injusta» contra personas que tienen una segunda nacionalidad.
En su pronunciamiento, AmSoc insistió en que la doble nacionalidad no significa doble lealtad. «Ser mexicano no se mide por cuántos pasaportes tenemos. Se mide por nuestro compromiso con México», expresó.
El planteamiento fue directo hacia los senadores: pensar bien el voto, considerar a sus estados, comunidades y a las familias que representan. La asociación advirtió que la historia recordará cómo votó cada uno y si lo hizo a favor de millones de mexicanos o en contra de ellos para permitir que fueran discriminados.
La escena lo dice todo. En una reforma que, en apariencia, se presenta como un candado político, lo que está en juego es algo más profundo: si el poder público abre la puerta a una clasificación entre ciudadanos o si mantiene intacto el principio de igualdad ante la ley.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. En la trastienda del debate, la discusión no solo enfrenta a partidos o a una mayoría legislativa con sus críticos; también mide el peso de una idea que el Estado no debería sacrificar: la ciudadanía no puede depender de un pasaporte adicional ni de la conveniencia del momento.
Si el Senado avanza con una reforma que excluye a personas por tener otra nacionalidad, el costo no será abstracto. Lo pagarán millones de binacionales y sus familias, pero también una cultura política que empieza a normalizar la discriminación bajo una justificación de trámite o pureza nacional. Ese es el verdadero desenlace que asoma detrás del debate.
Para Hemisferio, el punto central es claro: el Estado debe proteger derechos, no repartir etiquetas de ciudadanos de primera y de segunda. Cuando la política convierte una identidad compartida en una desventaja legal, lo que se debilita no es solo la candidatura de algunos, sino la idea misma de igualdad ante la ley.
Y hay un costo adicional que el debate no debería ocultar: México vive de vínculos reales con su diáspora, con sus remesas, con su inversión y con sus familias extendidas a ambos lados de la frontera. Castigar esa realidad con una barrera política sería una señal de cerrazón institucional justo cuando el país necesita certidumbre, pertenencia y reglas que no castiguen a quienes siguen vinculados a México desde fuera.
