La escena lo dice todo. En comisiones unidas del Senado, las de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron por unanimidad una reforma que prohíbe los teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes en las escuelas de educación básica, es decir, desde preescolar hasta secundaria, tanto públicas como privadas.
La votación fue de 27 a favor, con senadoras y senadores presentes en sesión híbrida. El giro más visible de la reforma está en que el bachillerato no queda bajo una prohibición automática. Ahí, las autoridades escolares deberán realizar asambleas para decidir en qué momento estará permitido el uso de esos aparatos. En el nivel universitario, en cambio, se promoverá la utilización responsable dentro del salón de clases.
La modificación al artículo 84 de la Ley General de Educación establece que, para garantizar el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales y de tecnologías de aprendizaje en escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, las autoridades educativas deberán fijar disposiciones mínimas. El cambio menciona además el respeto al federalismo educativo y a la autonomía universitaria, administrativa y académica.
En los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción regirá durante toda la jornada escolar. Solo podrán utilizarse para fines educativos previamente programados y con base en objetivos pedagógicos. En otras palabras, el celular deja de ser un objeto de uso libre dentro del aula básica y pasa a quedar bajo una regla explícita.
Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Educación, Aníbal Ostoa, sostuvo que la tecnología no debe considerarse adversaria de la enseñanza, siempre que esté al servicio del aprendizaje y no compita con la atención de los estudiantes. También dijo que la reforma busca dar sustento legal a las medidas impulsadas por la Secretaría de Educación Pública.
Los datos que circularon durante el debate explican por qué el tema escaló. Cerca de ocho de cada 10 participantes reportaron dificultades para mantener la atención del alumnado. A la vez, una amplia mayoría respaldó establecer medidas para regular el uso de dispositivos durante la jornada escolar.
La postura de la bancada del PRI mostró el otro costado del problema. Carolina Viggiano anunció que votarían a favor del dictamen, pero cuestionó que no se hubiera consultado directamente a niñas, niños y adolescentes. También adelantó reservas para garantizar su participación en la elaboración de las reglas, reforzar la educación digital dentro y fuera de las escuelas y establecer evaluaciones anuales sobre los resultados de las medidas.
Viggiano sostuvo que la prohibición, por sí sola, no enseña a utilizar adecuadamente internet, las redes sociales o las herramientas de inteligencia artificial. Por eso planteó que la formación incluya la identificación de contenidos dañinos, noticias falsas y situaciones de ciberacoso, además de orientación para las familias.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, respaldó la regulación, pero alertó sobre la falta de medidas específicas para atender la salud mental del alumnado y garantizar capacitación docente con recursos suficientes. También pidió evaluar los resultados de la reforma y establecer garantías claras sobre la protección de los datos personales, la comunicación entre estudiantes y sus familias y la proporcionalidad de las sanciones.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la discusión ya no gira solo en torno a si el celular distrae. También enfrenta dos modelos de escuela. Uno apuesta por la restricción como regla de orden. El otro insiste en que prohibir no alcanza si el sistema no enseña a usar la tecnología con criterio y límites.
El desenlace importa porque aquí está en juego algo más que un aparato. Está en juego quién decide el uso del tiempo escolar y con qué herramientas se protege la atención en el aula. La medida refuerza la autoridad de las escuelas, pero también obliga a que el aparato estatal no se quede en la prohibición y sí construya reglas claras, capacitación y evaluaciones que no carguen el costo sobre alumnos y familias.
