La escena lo dice todo.
Un padre de pie en el kilómetro 23 de la autopista México-Puebla, con una pancarta que dice «Justicia para Betito», cortando cuatro carriles con dirección a la Ciudad de México porque es la única forma que encontró de que alguien le respondiera una pregunta sencilla: ¿dónde está la carpeta de investigación por el asesinato de su hijo?
Alberto González lleva seis días esperando. Seis días desde que su hijo Alberto Sandoval González, de 21 años, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, fue asesinado durante un asalto mientras viajaba en un autobús de la empresa Troncales. Seis días en los que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México —según informó el propio padre a los medios— todavía no les ha permitido acceso a la carpeta de investigación.
«Si te quedas callado, esa carpeta de investigación se queda archivada», declaró González ante los manifestantes congregados en Cocotitlán, el mismo punto donde el conductor de la unidad se detuvo aquella noche del jueves pasado, después del atraco, cuando el joven universitario ya había perdido la vida.
Familiares, amigos y vecinos se sumaron al bloqueo. Portaron pancartas con mensajes como «No han hecho justicia», «No más muerte de pasajeros» y «Ni una víctima más». La protesta generó tráfico intenso con dirección a la capital.
Entre sus exigencias concretas figura el acceso a la geolocalización del teléfono celular de Alberto, un dato que la fiscalía mantiene fuera de su alcance. González también pidió a la ciudadanía exigir a los tres niveles de gobierno un plan de seguridad que detenga los asaltos en esa vía.
La razón es que el caso de Alberto no es el primero. En esa misma autopista ya suman seis muertos.
Un día antes del bloqueo familiar, transportistas de varias líneas adheridas a Rutas Hermanas habían cortado durante varias horas esa misma vía para demandar mayor seguridad. Según la información publicada, opera en el corredor una banda de asaltantes que ha matado y herido tanto a conductores como a usuarios. Dos bloqueos en menos de 24 horas sobre el mismo tramo de asfalto cuentan, solos, la historia de un corredor que el aparato estatal no ha logrado —o no ha querido— proteger.
Los detalles cuentan la historia.
La autopista México-Puebla no es una carretera secundaria. Es uno de los ejes de movilidad más transitados del país, columna vertebral del suroriente metropolitano, arteria de trabajadores, estudiantes y mercancías que conecta la capital con Puebla y con municipios del Estado de México. Que una banda opere con violencia sostenida sobre ese corredor, acumulando seis víctimas mortales, no es un dato menor: es el retrato de una zona donde la libre circulación de personas —un derecho elemental— ha cedido ante la impunidad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
Dos bloqueos populares en menos de veinticuatro horas, sobre el mismo kilómetro, protagonizados por actores distintos —transportistas y una familia— que llegaron al mismo punto por la misma razón: el Estado no apareció. No apareció con prevención, no apareció con detenciones, y según el padre de Alberto, no aparece tampoco en la carpeta de investigación.
Hemisferio considera que lo que ocurre en la México-Puebla ilustra con precisión el costo real de la inseguridad cuando el aparato estatal falla en su función más básica: garantizar que un joven de 21 años pueda viajar en autobús sin que eso le cueste la vida. La familia de Alberto Sandoval no pidió subsidios ni programas sociales. Pidió justicia y acceso a una carpeta. Que eso requiera cortar una autopista federal dice más sobre el estado de derecho en el Estado de México que cualquier informe oficial. La pregunta que queda en el aire —y que la fiscalía tiene la obligación de responder— es cuántas víctimas más hacen falta para que esa banda deje de operar con total libertad en el kilómetro 23.
