La escena lo dice todo.
Era la noche del 20 de febrero de 2026 cuando Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, subió por segunda vez al apartamento de su expareja en el sector de Cedritos, en Usaquén. Había bajado ya una vez, dejado a su perro y una maleta con el conductor que la esperaba en la calle. Olvidó el celular. Decidió volver. Un conductor esperaba abajo. Nadie más volvió a verla con vida.
Minutos después, José David López Celis se asomó a una ventana del tercer piso y gritó que había matado a Laura. Al ingresar al apartamento, la Policía encontró el cuerpo de la joven. Las investigaciones preliminares señalaron asfixia mecánica como causa de muerte. Celis fue capturado en flagrancia.
Laura Valentina no era solo estudiante de Ciencias Políticas en la Unicervantes. Era deportista de alto rendimiento, había representado a Colombia en competencias internacionales de patinaje artístico y trabajaba como instructora. Tenía 21 años.
El giro que indignó al país
Lo que vino después desató una tormenta. En febrero, el juez 58 de garantías, Óscar David Gómez, decidió dejar en libertad al principal sospechoso. Su argumento, según recoge la fuente: no podía afirmarse que el riesgo persistiera «simplemente porque tenga trato con femeninas». Además, consideró que el hecho podría calificarse como homicidio preterintencional —sin intención directa de causar la muerte— al no haberse usado armas blancas o de fuego.
Nancy Torres, madre de Laura, calificó la decisión de «vergonzosa». «Si no representara un peligro para la sociedad sencillamente no habría asesinado a mi hija», dijo. «¿Mañana él no puede repetir lo mismo? Si esa otra mujer no entra a hacer lo que él quiere, pues él sencillamente acaba con la vida de otra mujer».
La Defensoría del Pueblo se sumó a las críticas, señalando que ignorar los antecedentes de violencia de género facilita la repetición de hechos letales. Según datos de esa entidad, solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 129 noticias criminales por feminicidio en el país.
El desenlace del 3 de agosto
Seis meses después de aquella liberación, el Juzgado 32 de Control de Garantías expidió una nueva orden de captura contra López Celis. La representación de las víctimas y la Fiscalía argumentaron que las medidas de aseguramiento son fundamentales para proteger a las mujeres y evitar la impunidad. «Justicia para mi hija, justicia para las mujeres, ni una más», repitió Nancy Torres.
Los detalles cuentan la historia.
El caso de Laura Valentina expone una fractura en la cadena institucional que debería proteger a las víctimas: una captura en flagrancia, testimonios recogidos, y aun así, una decisión judicial que devolvió al sospechoso a la calle durante meses. El aparato estatal falló primero en la sala de audiencias, mucho antes de que la Fiscalía y la familia lograran revertir el daño.
Para Hemisferio, el principio en juego es elemental: el orden jurídico solo tiene sentido si las instituciones lo aplican con coherencia. Cuando un juez pondera el «peligro para la sociedad» de un hombre capturado en flagrancia por la muerte de una mujer y concluye que no lo hay, no falla solo en el razonamiento jurídico; vacía de contenido la protección que el Estado prometió. La nueva orden de captura es un paso necesario. Que haya tardado seis meses es la pregunta que Colombia todavía debe responder.
