La escena lo dice todo.
Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, se plantó en la calle Dr. Lucas Sierra, en la comuna de Quinta Normal, y encendió la cámara. Detrás de él: una obra detenida, maquinaria quieta y un hallazgo arqueológico que lleva más de seis meses bloqueando la construcción de 120 viviendas.
«Seis meses con una obra paralizada en Quinta Normal. 120 familias esperando sus viviendas y empleos detenidos por un hallazgo arqueológico. Esto ya no es burocracia: es un abuso», declaró el secretario de Estado en el video que distribuyó por sus redes sociales.
El proyecto en cuestión es un complejo residencial de cuatro edificios de ocho pisos con estacionamientos subterráneos, desarrollado por la empresa constructora Democorp. Según la propia compañía, el conjunto incluiría áreas verdes, plazas, juegos infantiles, espacios deportivos, quinchos, sede social y estacionamientos de bicicletas, además de las 120 unidades habitacionales. Una vez que los trabajadores encontraron restos arqueológicos en el terreno, el Consejo de Monumentos Nacionales ordenó la paralización. Desde entonces, la obra no ha avanzado.
Poduje no se limitó a la denuncia pública. Anunció que su ministerio está elaborando un reporte detallado para el Consejo de Monumentos con el costo total que la paralización le está generando al Estado de Chile: el mantenimiento de las excavaciones, los recursos inmovilizados, el empleo perdido y el impacto sobre las familias que esperan sus viviendas.
«Nosotros estamos haciéndole un reporte al Consejo de Monumentos de toda la plata que le está costando al Estado de Chile mantener estas excavaciones, mantener esta obra parada, todo el empleo que nos está costando, y las familias que se ven afectadas porque no pueden tener sus casas a tiempo por esto», precisó el ministro.
Sus palabras fueron más allá del reclamo administrativo. «Yo no sé cómo llamarlo, esto es un abuso de una institución que está operando completamente al margen de la urgencia del país, de sentido común y de las necesidades sociales de empleo y de vivienda», afirmó Poduje, quien también mostró en el video el hallazgo arqueológico en cuestión.
El cierre del mensaje fue una exigencia directa: «Vamos a exigir respuestas y medidas al Consejo de Monumentos Nacionales. Chile necesita sentido común y urgencia para avanzar».
Hasta el cierre de esta edición, el Consejo de Monumentos Nacionales no había emitido una respuesta pública a las declaraciones del ministro.
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Lo que está en juego aquí no es solo una obra en Quinta Normal. Es la pregunta de fondo que cualquier economía con déficit habitacional termina enfrentando: ¿quién paga el costo de la inacción institucional?
Cuando un organismo del Estado paraliza durante más de seis meses un proyecto privado que generaría 120 viviendas y empleo, ese costo no desaparece: lo absorben las familias que esperan, los trabajadores sin salario y, según el propio ministro Poduje, el erario público que financia las excavaciones sin fecha de término. El aparato estatal, en este caso, no protege un bien común; lo retiene como rehén de procedimientos que operan, en palabras del propio secretario de Estado, «al margen de la urgencia del país». Que sea un ministro del gobierno quien use ese lenguaje contra una institución de su propio Estado dice más sobre el problema que cualquier estadística.
