La escena lo dice todo. Mientras los pronósticos meteorológicos proyectaban hasta seis días continuos de precipitaciones sobre la zona central de Chile, los ministerios ya estaban en reunión y los protocolos, activados. Para entender lo que viene, hay que mirar los números.
El Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta preventiva en diez regiones del país. Las lluvias se esperan con mayor intensidad en zonas precordilleranas y cordilleranas, aunque los valles tampoco quedarán al margen. Seis días de sistema frontal no son una anomalía menor.
En el Ministerio de Salud, las reuniones de la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel sectorial arrancaron con foco en el sector sanitario. El objetivo declarado: monitorear el correcto funcionamiento de los centros asistenciales durante el temporal.
El Ministerio de Desarrollo Social, liderado por la ministra María Jesús Wulf, se desplegó en terreno para reforzar el llamado al autocuidado y a la colaboración ciudadana. Wulf hizo especial énfasis en un segmento de la población que los temporales golpean de manera desproporcionada: las personas mayores.
Los detalles cuentan la historia. En Chile viven más de 3,6 millones de personas de 60 años o más. De ese universo, cerca de 800 mil presentan algún grado de dependencia funcional y más de 1,6 millones residen en hogares unipersonales. Son cifras que traducen vulnerabilidad concreta: personas solas, con movilidad reducida, que ante un corte de luz o una inundación no tienen a nadie a quien llamar en los primeros minutos.
La ministra convocó a las familias a adoptar medidas prácticas: cargar los teléfonos celulares, disponer de linternas, revisar medicamentos y coordinar redes de apoyo con vecinos y personas cercanas. «Cuando hablamos de prepararnos para una emergencia, hablamos de cuidar a las personas», señaló Wulf según la fuente. «Una llamada a tiempo, revisar los medicamentos o coordinar una red de apoyo puede marcar una diferencia».
El llamado a mantenerse informado a través de canales oficiales completó el mensaje institucional.
La trastienda de este tipo de emergencias revela una tensión que pocas veces se nombra en voz alta. El Estado activa protocolos, convoca reuniones y emite alertas. Todo eso tiene un costo —en recursos humanos, en coordinación, en presupuesto— que recae sobre el contribuyente. Y sin embargo, cuando llega el momento crítico, la diferencia entre una familia que sale adelante y una que no suele medirse en decisiones privadas: si alguien llamó a su vecino mayor, si los medicamentos estaban al día, si había una linterna en el cajón.
Ese es el principio que el aparato estatal, con toda su maquinaria, no puede sustituir: la responsabilidad individual y la red comunitaria espontánea. Los protocolos del Senapred y las reuniones del Cogrid son necesarios. Pero la primera línea de respuesta ante cualquier emergencia no usa uniforme ni depende de un decreto. Depende de que los ciudadanos se hayan preparado antes de que llegue la lluvia.
