Diego Santilli le bajó el tono este sábado a la polémica por los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y defendió el funcionamiento interno del Gobierno, en medio del reclamo de Patricia Bullrich por no haber sido informada de la letra final del proyecto.
El jefe de Gabinete sostuvo que la mesa política se reúne cada martes y que allí se hablan los temas de agenda. «Los temas nuestros los hablamos el martes», repitió ante los periodistas, al intentar despejar la idea de que la modificación hubiera quedado fuera de la discusión oficial.
La respuesta, sin embargo, dejó al descubierto una diferencia de criterio dentro del propio oficialismo. Bullrich había dicho que la parte vinculada con discapacidad no fue tratada en la mesa política y que llegó al Congreso sin información previa para los integrantes del bloque libertario. Santilli, en cambio, admitió que no todos los asuntos se analizan con el mismo grado de detalle, aunque insistió en que sí se discuten en ese ámbito.
El punto de choque no es menor. Los cambios cuestionados figuran en el Capítulo VI del proyecto presupuestario y alcanzan artículos de la ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, y de la ley 24.901, que regula las prestaciones básicas de atención integral desde 1997. La iniciativa elimina los valores universales de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas y modifica el esquema de actualización de los aranceles.
Santilli no precisó si ese punto específico había sido analizado antes de que Bullrich se retirara de la reunión. Sí reiteró que la mesa de trabajo del martes es el espacio donde se conversan los asuntos que después impactan en la agenda parlamentaria. «Tenemos una mesa de trabajo los martes. En esa mesa de trabajo hablamos los temas», afirmó.
El jefe de Gabinete también dijo que el Gobierno trabaja con Martín Menem y con el Ministerio de Salud para resolver el texto antes de contestar los cuestionamientos de Bullrich. «Estamos aproximándonos a una definición», señaló, y agregó que, a partir de ese cierre, llegarán las respuestas que faltan.
En paralelo, Santilli buscó descomprimir la tensión política con una frase sobre el video que difundió Bullrich mientras escuchaba una canción de Lali Espósito. «Estuvo muy bien, estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así», dijo, en un gesto que intentó correr la pelea del terreno personal y bajarla al plano de la trastienda partidaria.
Pero la escena deja algo más que una anécdota. La discusión sobre discapacidad atraviesa un presupuesto nacional y toca una red de prestaciones que depende, en buena medida, de reglas claras y previsibles. Cuando el Estado cambia aranceles, elimina mecanismos de actualización automática o altera condiciones de acceso, el impacto no queda en el lenguaje técnico: termina en los prestadores, en las familias y en el dinero de los contribuyentes.
La escena lo dice todo. Mientras el Gobierno intenta mostrar orden en la mesa política, la polémica exhibe que la coordinación interna todavía tiene costuras visibles. Y cuando se trata de recursos públicos y de un sistema sensible como el de discapacidad, cada desacople político se traduce en incertidumbre regulatoria.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El oficialismo busca cerrar filas en Diputados, pero lo hace sobre un asunto que exige precisión, responsabilidad fiscal y reglas estables. Si el texto cambia sobre la marcha y los propios aliados se enteran tarde, el costo no es solo político: también es institucional.
El desenlace todavía depende de la negociación legislativa. Hasta entonces, el Gobierno queda obligado a ordenar su trastienda antes de pedir disciplina afuera. Y en una materia tan delicada, la improvisación siempre sale más cara que la claridad.
