La escena lo dice todo. En la trastienda de una discusión que mezcla derecho laboral, fallos judiciales y cálculo político, Antonio Sanguino y Natalia Eugenia López terminaron enfrentados por el salario mínimo de 2026 y por lo que podría pasar con 2027.
El sábado 10 de octubre de 2026, Sanguino cuestionó públicamente a la ministra de Trabajo después de que ella negara que el Gobierno de Abelardo de la Espriella proyecte reducir los ingresos de los trabajadores como consecuencia de las demandas que estudia el Consejo de Estado. El exministro escribió en redes sociales: «¡Ministra embustera!». También sostuvo que el Ejecutivo busca dar un mensaje de tranquilidad sobre la vigencia del decreto de 2026, aunque, según dijo, prepara una modificación para la fijación salarial del año entrante.
Sanguino puso el foco en el decreto que deberá establecer el ingreso mínimo para 2027. Según su interpretación, el Gobierno podría tomar como base una eventual decisión judicial para cambiar el modelo aplicado en 2026. En su mensaje afirmó: «Lo que va a hacer Abelardo de la Espriella, a través suyo, es aprovechar el fallo para decretar un salario 2027 que desmantela el salario vital, violando el artículo 53 de la Constitución Nacional y provocando una disminución real de los ingresos de los trabajadores».
El exministro también advirtió que «están preparando una vulgar trampa para desocupar la nevera de los hogares del pueblo trabajador». Y cerró con un llamado político: «Lucharemos junto al pueblo para defender el salario vital».
La respuesta de López llegó para frenar los rumores sobre una eventual revocatoria del decreto que fijó el salario mínimo de 2026. La ministra afirmó: «El salario mínimo de 2026 sigue vigente. El Gobierno nacional no ha ordenado su reducción y ningún trabajador tiene que devolver un solo peso de los salarios que ya recibió».
López también desmintió lo que llamó «versiones falsas» sobre una eventual eliminación del incremento del 23% definido en el decreto. Dijo: «Eso es falso y hoy queremos desmentirlo de manera categórica».
La funcionaria precisó que el salario mínimo mensual continúa en $1.750.905. Añadió que el auxilio de transporte es de $249.095 para los trabajadores que cumplen los requisitos para recibirlo. Con eso, el pago total asciende a $2 millones mensuales.
Para explicar el alcance de la medida, López señaló que los empleadores deben mantener esos valores mientras la norma siga vigente. También descartó que las personas que ya cobraron sus salarios puedan enfrentar reclamaciones por los recursos recibidos. Dijo: «Si ya recibió su salario de enero, febrero o de cualquier otro mes de este año, ese dinero es suyo. Es fruto de su esfuerzo y de su trabajo».
La ministra agregó que el Consejo de Estado analiza demandas contra el decreto que definió el incremento del salario mínimo para 2026. Aclaró que se trata de un proceso judicial en curso y que la decisión corresponde exclusivamente a ese alto tribunal. Insistió: «La existencia de una demanda no significa que el salario mínimo haya sido reducido, que el incremento haya desaparecido o que los trabajadores deban devolver el dinero recibido».
López también sostuvo que el Gobierno respeta la independencia judicial y la separación de poderes. A la vez, pidió evitar la difusión de información que presente como definitivas medidas que aún están bajo análisis de la justicia. Además, afirmó que el Ejecutivo mantendrá los espacios de concertación con representantes de los trabajadores y de los empresarios.
El desenlace por ahora no está en la calle ni en el despacho. Está en el Consejo de Estado y en el decreto que deberá salir para 2027. Para entender el presente hay que volver a esa semana: el salario mínimo quedó convertido en una prueba de fuerza entre un Gobierno que dice defender la vigencia de lo firmado y un exministro que ve una maniobra para desarmar el mecanismo actual.
Para la economía real, el punto es claro. Cada giro sobre el salario mínimo termina tocando el bolsillo de quienes trabajan, pero también la cuenta de los empleadores y la seguridad jurídica con la que operan. Cuando el aparato estatal usa la incertidumbre como moneda, el costo lo pagan los hogares y la libre empresa.
Aquí no está en juego solo una cifra. Está en juego la previsibilidad de las reglas. Si el salario mínimo depende de la pelea política o de la lectura conveniente de un fallo, el mensaje para el mercado es ruido. Y el ruido siempre encarece el trabajo, frena la inversión y castiga al contribuyente indirecto que termina financiando los errores del Estado.
