La escena lo dice todo. Desde los cielos, el salar de Atacama se ve como un tablero de piscinas turquesas y amarillas: kilómetros de salmuera esperando que el sol haga su trabajo durante catorce meses. Esa fotografía, icónica y polémica a la vez, está a punto de cambiar.
Novandino Litio ingresó a inicios de julio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto «Salar Futuro», una iniciativa con una inversión comprometida de US$ 3.000 millones que, si obtiene los permisos, extendería la operación en el salar de Atacama hasta el año 2060. La compañía —continuadora de la operación que SQM desarrolla en el salar— no llegó a esta propuesta de golpe: lleva al menos dos años probando más de 20 pilotos a escala para encontrar la combinación tecnológica más eficiente.
El resultado no fue una sola tecnología sino un engranaje de varias. Para entender el presente hay que volver a esa etapa de pruebas, porque las decisiones tomadas entonces definen todo lo que viene.
El agua que ya estaba ahí
El problema central de la extracción de litio en el Atacama siempre fue el agua. La salmuera que se bombea desde el salar es, en términos simples, dos tercios agua y un tercio sales. Hasta ahora, buena parte de ese recurso hídrico simplemente se evaporaba en las piscinas. «Salar Futuro» propone recuperarlo.
El primer mecanismo es la evaporación forzada o mecánica: una suerte de calefón industrial por el que pasa la salmuera y que, mediante una caldera de calor, genera vapor para acelerar el procesamiento. Lo que antes tomaba catorce meses en una piscina de evaporación convencional se reduciría a cuatro. El proceso permite recuperar 5 litros por segundo de agua.
A eso se suma la nanofiltración, tecnología que purifica la salmuera capturando moléculas de litio y descartando impurezas. Luego viene la extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés), etapa en la que columnas con materiales especiales atraen las partículas de litio restantes —principalmente acompañadas de magnesio y sulfato— y las separan. El ciclo cierra con osmosis inversa, proceso que extrae el agua contenida en el litio ya separado.
Ninguna de estas tecnologías es completamente nueva: la nanofiltración y la osmosis inversa llevan décadas en la industria alimentaria y sanitaria. El desafío de Novandino fue adaptarlas a las condiciones específicas y extremas del salar.
Menos bombeo, más litio
Los detalles cuentan la historia. Hoy el permiso ambiental vigente autoriza extraer hasta 1.600 litros por segundo (l/s) de salmuera; actualmente se emplean 1.166. El nuevo proyecto busca reducir ese bombeo a 822 l/s en 2028, desde pozos existentes y nuevos —hoy son 403 en total—. Es decir, extraer menos volumen pero aprovechar una proporción mucho mayor del litio contenido.
La pieza que completa el círculo es la reinyección. Al séptimo año de iniciado el proyecto, Novandino devolvería al salar un mínimo de 300 l/s de salmuera ya desprovista de litio, cifra que podría escalar hasta 700 l/s. En paralelo, el proyecto compromete eliminar el consumo de agua continental en un plazo de cinco años desde el inicio de la construcción.
En cuanto a infraestructura, de las 4.550 hectáreas que hoy ocupan las principales áreas de pozas de evaporación, 2.426 hectáreas se conservarían para ese fin; el resto tendría otros usos operativos o albergaría nueva infraestructura. En su nivel de producción más alto estimado, la compañía proyecta alcanzar 470.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).
Lo que el Estado exigió y la empresa construyó
El contexto político importa. En abril de 2023, el presidente Gabriel Boric exigió formalmente «la implementación de tecnologías que minimicen el impacto ambiental en la recuperación del litio, como por ejemplo la extracción directa con reinyección de salmuera». Esa misma semana, su gobierno lanzaba la Estrategia Nacional del Litio y encomendaba a Codelco —la cuprífera estatal— entrar al negocio.
La ironía es elocuente: mientras el aparato estatal debatía estrategias y mandatos, fue la libre empresa la que pasó dos años en el laboratorio, probó veinte pilotos, descartó lo que no funcionaba y construyó una propuesta técnica concreta. «Salar Futuro» no es el resultado de un decreto; es el resultado de inversión privada en innovación.
Para Hemisferio, el principio en juego es nítido: la propiedad del conocimiento técnico y el incentivo a invertir en soluciones reales pertenecen al sector privado, no a los mandatos burocráticos. El Estado puede fijar estándares ambientales —es su rol legítimo—, pero la ingeniería que los cumple la financia quien arriesga capital propio. Que Novandino haya llegado al SEIA con un diseño de esta envergadura antes de que Codelco haya mostrado un solo piloto comparable dice más sobre los incentivos del mercado que cualquier estrategia nacional.
