La senadora Ruth González dejó abierta la posibilidad de competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 por el PVEM. En entrevista con medios, afirmó que su partido no le prohíbe contender por el cargo estatal luego de que un familiar lo haya ocupado.
La legisladora es esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien inició su administración estatal en 2021. González sostuvo que los estatutos del Partido Verde Ecologista de México no establecen una restricción para que un familiar suceda a una persona que ya ocupa la gubernatura.
«Mi partido no prohíbe que un familiar suceda a uno que ya está en el cargo», respondió cuando fue cuestionada por los señalamientos de nepotismo que rodean una eventual postulación suya.
La definición, dijo, dependerá de la dirigencia nacional del Verde Ecologista y de los procesos internos del partido. También recordó que el PVEM decidió no contender en coalición con Morena en San Luis Potosí.
En paralelo, la senadora afirmó que la ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas. «Lo que yo asimilo es que la gente es la que va a votar, la gente es la que va a decidir», declaró.
González agregó que hasta ahora no ha recibido una comunicación del partido sobre alguna limitación a sus aspiraciones políticas. Dijo que esperará la resolución de la dirigencia para saber si tendrá la posibilidad de competir por la gubernatura o si irá alguien más.
«Lo que la dirigencia nacional decida y si hay alguna posibilidad que yo pueda contender. Y si no, también vamos a apoyar a quien resulte el representante», expuso.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La escena lo dice todo: una eventual sucesión familiar en el gobierno de un estado, una dirigente partidista que no cierra la puerta y un partido que, por ahora, no marca una línea explícita contra ese relevo.
Los detalles cuentan la historia. Lo que está en juego no es solo una candidatura, sino el principio básico de que el poder público no debe convertirse en patrimonio de una familia ni de una burocracia partidista. Cuando un partido no fija límites claros, el costo político de normalizar el nepotismo termina recayendo en los ciudadanos.
Si el PVEM permite que esta ruta avance, el debate no será solo electoral. Será sobre reglas, mérito y rendición de cuentas. También sobre quién controla realmente las decisiones: la dirigencia nacional, los procesos internos o el voto ciudadano. En ese desenlace se mide si prevalece la competencia abierta o la lógica de la herencia política.
