La escena lo dice todo. Antes de tomar posesión —el cambio de mando está fijado para el 7 de agosto—, el ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, ya tenía clara su primera orden del día: retirar el proyecto de Ley de Competencias que el gobierno saliente de Gustavo Petro alcanzó a radicar en el Congreso.
«Les preocupa a los gobernadores, es una ley antitécnica, es una ley que debió concertarse más, se retira inmediatamente», declaró Lara en conversación con la revista Semana. La frase no dejó margen a la interpretación: la iniciativa petrista sobre el Sistema General de Participaciones (SGP) no sobrevivirá al cambio de gobierno.
Qué proponía el proyecto
El texto radicado por la administración saliente buscaba modificar la reforma que el Congreso aprobó en 2024 al SGP, el mecanismo por el cual el Gobierno Nacional transfiere recursos del Presupuesto General a departamentos, municipios y distritos para financiar educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
La propuesta establecía un plazo de 12 años para que esas transferencias pasaran del 29,5 % al 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). El detalle que encendió las alarmas: los entes territoriales solo recibirían los recursos adicionales una vez que estuvieran «listos» para asumir nuevas tareas delegadas por el Gobierno nacional. En la práctica, el dinero llegaba condicionado a cumplir requisitos fijados desde Bogotá.
Las regiones, en guardia
Las críticas no esperaron al cambio de gobierno. Desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) advirtieron que la normativa podría usarse para asignar múltiples responsabilidades a las regiones sin que los recursos transferidos alcanzaran a cubrirlas, produciendo lo que denominaron una «asfixia fiscal».
Otro flanco del cuestionamiento apuntó a la uniformidad del diseño: el proyecto se limitaba a una transferencia sectorial de porcentajes sin contemplar una visión regional diferencial que atendiera las necesidades específicas de zonas como la Amazonía o la Orinoquía. Más revelador aún, se alertó que más de 400 municipios del país carecen de la infraestructura y el personal necesarios para asumir las competencias que el proyecto pretendía transferirles.
Lara recogió ese diagnóstico y lo convirtió en argumento central: el gobierno de De la Espriella tiene, según sus palabras, un «compromiso de descentralización», pero uno que «corresponda al espíritu de la Constitución» y que garantice «un traslado cierto, concreto, gradual de competencias en un proceso de valoración».
El vacío que queda
Retirar el proyecto no resuelve el problema de fondo. El SGP reformado en 2024 ya comprometió una senda de incremento en las transferencias, y las regiones esperan que esos recursos lleguen con reglas claras. La tarea del nuevo ministerio será construir un texto sustituto que, según Lara, parta de la concertación con los mandatarios territoriales que el gobierno Petro, según sus críticos, omitió.
El calendario aprieta: el presupuesto de 2027, radicado por la administración saliente, ya registra según El Colombiano un faltante de 30 billones de pesos que requeriría otra reforma tributaria. En ese contexto fiscal, diseñar una descentralización ordenada y financiada no será un ejercicio académico.
La lectura de Hemisferio
La decisión de Lara es, antes que nada, una señal de método: no se hereda un proyecto mal concertado solo por inercia institucional. Que la propia Federación Nacional de Departamentos —los destinatarios del dinero— haya alertado sobre «asfixia fiscal» dice mucho sobre la calidad técnica del texto petrista. Una descentralización real transfiere recursos y capacidad de decisión; una descentralización de papel transfiere responsabilidades sin el peso financiero que las sostiene, y deja a los municipios más débiles cargando con mandatos que no pueden cumplir.
El nuevo gobierno hereda la promesa de más recursos para las regiones y la obligación de hacerla creíble. Si el texto sustituto llega con concertación genuina, plazos realistas y criterios diferenciales por territorio, la reforma al SGP podrá convertirse en el ancla de un federalismo fiscal funcional. Si se demora o se diluye en negociaciones, las 400 alcaldías sin capacidad institucional seguirán siendo el eslabón más frágil de la cadena.
