La escena lo dice todo. En Nueva York, durante la Cumbre Anual Concordia 2026, Luis Abinader puso fecha a una ambición que todavía depende de varios pasos técnicos y financieros: República Dominicana podría realizar su primera exportación de tierras raras en 2028.
Pero el propio presidente condicionó esa meta a una lista de tareas todavía abiertas. Primero, la definición de las reservas. Después, el desarrollo de procesos de refinación. Y, además, la industrialización de los depósitos descubiertos hace tres años.
Los estudios metalúrgicos, logísticos, económicos y ambientales serán los que definan qué parte de esas tierras raras puede extraerse con viabilidad técnica y económica. Esa frase, pronunciada por la Presidencia al describir el proyecto, resume el punto de partida: no se trata solo de tener el recurso, sino de poder sacarlo, procesarlo y venderlo con rentabilidad.
El gobierno trabaja desde 2022 con el Gobierno de Estados Unidos para investigar los recursos hallados. Abinader dijo que espera conocer el volumen de las reservas hacia finales de este año. También sostuvo que el material identificado en territorio dominicano tiene una pureza superior a la de yacimientos del sur de China, considerados de buena calidad.
El dato es relevante porque la refinación de tierras raras sigue concentrada en China. Abinader dijo que esa concentración representa el mayor obstáculo para que otros países puedan procesar estos recursos de manera competitiva. En otras palabras: la riqueza geológica no basta si el valor agregado se queda en otra parte de la cadena.
Para intentar cerrar esa brecha, el Gobierno creó la Empresa Minera Dominicana, Emidom, una compañía 100% pública con un consejo integrado por empresarios locales y una dirección con experiencia internacional en geología. La empresa apunta a hacer el próximo año una prueba de refinería con una tecnología especial.
Abinader dijo: «Estamos muy esperanzados de que el próximo año tengamos un test de la refinería con una tecnología especial». Esa prueba será una señal clave para medir si la promesa de exportar en 2028 tiene sustento o si todavía depende de demasiadas incógnitas.
El presidente recordó además que República Dominicana firmó en 2022 un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para recibir apoyo en la investigación y el desarrollo de estos depósitos. El trabajo incluye definir tanto la cantidad como la calidad de los minerales, además de identificar la tecnología necesaria para explotarlos y refinarlos.
En la misma sesión, Abinader habló de otra pieza del rompecabezas: el acuerdo sobre minerales críticos contempla un precio mínimo para evitar que prácticas de dumping u otras acciones impidan producirlos en condiciones competitivas. Según el mandatario, ese mecanismo puede ayudar al mundo occidental a desarrollar estos materiales en América Latina, África y Norteamérica.
La apuesta no es menor. La República Dominicana ya cuenta con una gran mina de oro que genera exportaciones por cientos de millones de dólares. Ahora el Gobierno busca trasladar esa experiencia hacia una cadena de mayor valor agregado para los minerales críticos, cuya demanda está vinculada con diversas tecnologías.
Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, respaldó el planteamiento de Abinader sobre las dificultades de agregar valor a las cadenas de suministro. El organismo ofreció financiamiento, conocimiento, cooperación técnica y capacidad de convocatoria para impulsar el desarrollo de minerales críticos en América Latina y el Caribe.
Goldfajn dijo: «Estamos ahí para ayudar. Estamos ahí para poner a disposición todos nuestros instrumentos: financiamiento, conocimiento, cooperación técnica y capacidad de convocatoria». También señaló que la región enfrenta una gran demanda y una oportunidad para transformar sus recursos en empleo y prosperidad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El gobierno dominicano no solo quiere exportar un mineral valioso; quiere capturar parte del valor que hoy queda atrapado en cadenas dominadas por otros. Ese es el verdadero desenlace en juego.
La tensión de fondo es clara. Si el proyecto avanza, puede abrir una fuente de ingresos y una industria nueva. Si se demora, el país seguirá teniendo el recurso, pero no necesariamente el beneficio completo. La diferencia entre ambos escenarios depende de tecnología, inversión y reglas capaces de sostener una cadena productiva que hoy todavía está en construcción.
Desde esta óptica, el desafío no es ideológico sino práctico. La pregunta es si el Estado dominicano podrá pasar del anuncio a la ejecución sin quedarse en la etapa más costosa: la de prometer valor agregado sin haber resuelto todavía cómo producirlo.
