La escena lo dice todo. Cuatro años de datos en una sola columna: 12.29 en 2023, 9.96 en 2024, 8.27 en 2025, 6.92 en 2026. Cada cifra es un escalón hacia abajo, y el último, correspondiente al reporte semanal de estadística delictiva del 3 de julio de 2026, representa la tasa acumulada de homicidios más baja que ha registrado República Dominicana en ese período durante los últimos cuatro años.
El número no llegó solo. Detrás está la Fuerza de Tarea Conjunta, el esquema de coordinación que articula a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otros organismos del Estado dominicano. Su apuesta fue una estrategia integral —acciones preventivas, operativas y de investigación— que, según el informe oficial, explica la disminución progresiva del indicador.
Los detalles cuentan la historia. Al cierre de junio de 2026, se registraron 90 homicidios a nivel nacional. La categoría de mayor peso fue Conflicto Social, con 33 casos, equivalente al 36.7% del total. Le siguieron los eventos tipificados como Acción Legal, con 26 casos (28.9%); los vinculados directamente a la Delincuencia, con 18 casos (20.0%); y los que permanecen En Proceso de Investigación, con 13 casos (14.4%).
La distribución territorial también habla: 28 de los territorios del país mantienen tasas de homicidios de un solo dígito, mientras que solo seis registran cifras de dos dígitos. Traducido: el 82.4% del territorio nacional presenta una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100,000 habitantes. La tasa mensual, por su parte, se situó en 3.33 por cada 100,000 habitantes.
Pero el mismo informe que celebra esos resultados convive con una estadística que los ensombrece. Según datos de la Fundación Vida Sin Violencia, en el primer semestre de 2026 se contabilizaron 48 feminicidios íntimos en el país, lo que representa un aumento del 74% frente al mismo período del año anterior. Muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, en el interior de los hogares, lejos del alcance de los operativos de patrullaje y despliegue militar que han comprimido los homicidios en las calles.
La disparidad es incómoda y no admite lectura parcial. La estrategia de seguridad ciudadana ha demostrado eficacia medible en el espacio público. En el espacio privado, el resultado es el opuesto: la violencia no desapareció, migró. Y el aparato estatal, según señalan organizaciones de la sociedad civil y reportes de monitoreo independiente, no ha encontrado aún los instrumentos para contenerla.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Los dos números —6.92 y +74%— no se anulan entre sí; se complementan como diagnóstico. El primero describe lo que la coordinación institucional y la presencia policial pueden lograr cuando operan con consistencia. El segundo describe el límite estructural de ese modelo cuando la amenaza no tiene rostro de delincuente callejero sino de conviviente.
Desde la perspectiva de Hemisferio, los resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta merecen reconocimiento sin ambigüedad: reducir la tasa acumulada de homicidios en casi seis puntos en tres años es un logro de gestión pública que pocos gobiernos de la región pueden exhibir. El modelo de coordinación interinstitucional, la persistencia en la estrategia y la rendición de cuentas semanal mediante estadística pública son exactamente el tipo de disciplina que distingue a los Estados que funcionan de los que improvisan.
Lo que los números de feminicidio exigen, sin embargo, no es desmantelar ese modelo sino completarlo. La violencia que ocurre puertas adentro requiere instrumentos distintos: mecanismos de supervisión para agresores identificados, apoyo especializado y, sobre todo, la misma rigurosidad estadística y política que se aplicó a los homicidios en la calle. El reto no es elegir entre seguridad ciudadana y protección de la mujer. Es entender que sin la segunda, la primera es incompleta.
