La escena lo dice todo: mientras la Secretaría de Educación Pública alista un acuerdo nacional para prohibir los teléfonos móviles en primarias y secundarias, uno de los principales organismos del sector tecnológico en México sale a frenar el impulso con un argumento doble — evidencia científica y derechos laborales.
La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) publicó un comunicado en el que reconoce que existe evidencia sobre el impacto del uso excesivo de pantallas en las infancias, pero rechaza de plano las prohibiciones absolutas. Su propuesta: una «regulación inteligente» basada en la gradualidad por edades, la corresponsabilidad con los padres de familia y la alfabetización digital.
El argumento central de la AIMX descansa en una distinción que la discusión pública suele ignorar: no es lo mismo el uso recreativo de un alumno que revisa redes sociales en clase, que el del docente que consulta información pedagógica, coordina con la dirección o atiende requerimientos administrativos en tiempo real. Mezclar ambos casos en una sola prohibición, sostiene el organismo, «carece de sustento y viabilidad práctica y además podría resultar contraproducente».
Enrique Ortega, vicepresidente de Educación y Cultura de la AIMX, lo formuló con precisión: «es indispensable distinguir el uso recreativo del potencial pedagógico de la tecnología. Prohibir los dispositivos al personal docente no solo limita la innovación en el aula, sino que vulnera sus derechos laborales y su derecho a la desconexión digital al obligarlos a atender tareas administrativas fuera de su horario contractual».
Ese último punto es el más incómodo para quienes impulsan la prohibición total. Si un maestro no puede usar su teléfono durante la jornada escolar, pero la escuela sigue enviándole circulares, convocatorias y solicitudes de datos por canales digitales, el trabajo administrativo simplemente se traslada a la tarde o la noche. El dispositivo desaparece del aula; la carga no.
La AIMX también subraya que el celular funciona hoy como «un instrumento dinámico para la consulta de información, la investigación en tiempo real y la innovación didáctica dentro del aula». Quitárselo al cuerpo docente, argumenta, equivale a recortar una herramienta de trabajo sin ofrecer sustituto.
El trasfondo del debate es más amplio. Varios países han avanzado en restricciones al uso de teléfonos en escuelas — con resultados mixtos según los estudios disponibles — y México no es el primero en enfrentar la tensión entre proteger la atención de los estudiantes y no convertir el aula en una zona de exclusión tecnológica. La diferencia está en cómo se traza la línea.
La propuesta de la AIMX apunta a tres ejes: separar explícitamente el uso recreativo del pedagógico en cualquier normativa; establecer reglas diferenciadas por tramo de edad; y garantizar que los docentes conserven acceso a sus dispositivos como canal institucional y herramienta de trabajo, con protección expresa de su derecho a la desconexión fuera del horario contractual.
Lo que no dice el comunicado — pero que flota en el ambiente — es quién tendrá la última palabra: si la SEP con un acuerdo nacional de aplicación uniforme, o si habrá espacio para que escuelas, padres y maestros construyan reglas propias según contexto.
La lectura de Hemisferio. El instinto regulatorio del Estado mexicano tiende a resolver con prohibiciones lo que podría resolverse con criterios. Una veda total de celulares en el aula es fácil de anunciar y difícil de implementar con equidad: no todas las escuelas tienen la misma infraestructura alternativa, ni todos los docentes el mismo acceso a otros recursos digitales. La propuesta de la AIMX — gradualidad, distinción de usos, corresponsabilidad familiar — es más exigente de diseñar, pero más honesta sobre la complejidad del problema.
El principio en juego no es menor: cuando el aparato estatal prohíbe una herramienta de trabajo sin compensar la carga que esa herramienta absorbía, el costo lo paga el trabajador en tiempo propio. Eso no es política educativa; es transferencia de costos disfrazada de protección a la infancia.
