La escena lo dice todo. Pocos días después de una reunión a puerta cerrada en la Quinta de Olivos, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques salió a confirmar lo que muchos en el mundo judicial esperaban: el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos al Senado para cubrir vacantes en tribunales de todo el país.
«Es el presidente que más candidatos elevó al Senado para cubrir cargos judiciales en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. Un récord histórico», declaró Mahiques. La frase no es retórica: desde 1994, ningún gobierno había acumulado tantas postulaciones en un solo ejercicio.
El problema de fondo
Los detalles cuentan la historia. La iniciativa apunta principalmente a juzgados de primera instancia y cámaras de las distintas provincias, donde el nivel de vacancia alcanzó proporciones que el propio Mahiques describió como «alarmantes» y «catastróficas». Como ejemplo citó el caso de una jueza federal de La Pampa que suplanta un juzgado en Tartagal, a más de mil kilómetros de distancia. Ese tipo de disfunción —un magistrado cubriendo jurisdicciones remotas por ausencia de titulares— es la fotografía más precisa del estado en que el aparato judicial llegó a la gestión Milei.
«Cada uno de ellos es un paso concreto para empezar a reconstruir un sistema judicial que funcione mejor para todos los argentinos. Todavía queda mucho por hacer y no vamos a detenernos hasta avanzar en la cobertura de todas las vacantes posibles», escribió Mahiques en redes sociales.
La Corte Suprema, el capítulo pendiente
Más allá de los 203 pliegos, en ese mismo encuentro entre Milei y Mahiques se abordó la situación de la Corte Suprema de Justicia, que opera con dos vacantes. El tribunal está integrado actualmente por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enviadas el año pasado, no lograron avanzar en la Cámara alta. La Casa Rosada analiza nombres de potenciales candidatos para completar el cuerpo, aunque sin definiciones de público conocimiento.
En paralelo, el Gobierno trabaja en una reforma judicial que prevé presentar en septiembre. El proyecto contempla excluir a la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura, reducir la cantidad de cargos nacionales y reasignar fondos hacia los tribunales provinciales.
La trastienda política
Para que los pliegos avancen, el Ministerio de Justicia necesita el consenso de los gobernadores, cuya influencia en el Senado es determinante. Ese es el nudo político de la iniciativa: sin acuerdos en la Cámara alta, los 203 nombres pueden quedar en espera indefinida, como ocurrió con Lijo y García-Mansilla.
Mahiques también desmintió cualquier vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino o con su presidente, Claudio Tapia, y descartó que la designación de magistrados busque blindar a integrantes del Poder Ejecutivo. La agenda del ministerio incluye además modificaciones al Código Penal, al Código Civil y la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
La lectura de Hemisferio
Una justicia federal con vacantes masivas no es una abstracción burocrática: es impunidad diferida, causas paralizadas, inversores sin certeza de que sus contratos serán ejecutados. Que un gobierno envíe 203 pliegos en un año —rompiendo un récord de tres décadas— es, antes que nada, una señal de que el Estado puede y debe funcionar. El libre mercado necesita jueces; la propiedad privada necesita tribunales que resuelvan.
El desafío ahora es político, no técnico. Los gobernadores tienen la llave del Senado, y la historia reciente —los pliegos de Lijo y García-Mansilla archivados sin votación— recuerda que enviar nombres no equivale a nombrar jueces. El récord de Milei valdrá lo que valga su capacidad de negociación con las provincias. Esa es la prueba que viene.
