Decenas de personas protagonizaron este lunes protestas en varios estados de Venezuela con pedidos que van del alza del salario mínimo a la liberación de presos políticos, pasando por una fecha para las elecciones presidenciales y la solución a la crisis eléctrica.
Las movilizaciones fueron encabezadas por grupos sindicales, juristas y familiares de personas detenidas por razones políticas. En Zulia, el paso fue cortado por vías importantes, entre ellas el puente sobre el Lago de Maracaibo, que conecta a la capital regional con el resto del país, y también hubo acciones en Bolívar.
Según manifestantes en Caracas, las protestas se extendieron además a Monagas, Anzoátegui, Lara, Yaracuy, Aragua, Trujillo y Carabobo. En la capital, decenas de personas marcharon por la avenida Libertador hasta llegar a la sede de la Magistratura.
Allí entregaron un documento firmado por la Alianza de la Libertad de los Presos Políticos, en el que pidieron una investigación a jueces que, de acuerdo con ese escrito, «pudieran haber incurrido por acción u omisión en faltas disciplinarias, abuso de autoridad, retardo procesal injustificado, desviación de poder u otras actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico» en procesos relacionados con personas privadas de libertad por motivos políticos.
Carlos Salazar, integrante de la Coalición Sindical Nacional, dijo que también reclamaban elecciones presidenciales en diciembre próximo. «Queremos elecciones presidenciales este diciembre y queremos la liberación de todos los presos», afirmó.
Los abogados Eduardo Torres y Noé Mujica criticaron el acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición para designar a nuevos jueces en el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de ser afín al gobierno. Según ese acuerdo, fue nombrado un consejo de juristas que funcionará como filtro alterno al Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de la selección de candidatos.
Torres sostuvo que se trata de «un parapeto de cambio de sistema de justicia popular y politiquero que viola la Constitución». Mujica recordó que la Constitución establece que las nuevas designaciones debe hacerlas el Comité de Postulaciones Judiciales y no un consejo alterno.
En Maracaibo, obreros y trabajadores de universidades públicas también protestaron por salarios dignos y justos. Según la nota, desde 2022 el sueldo mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, apenas unos centavos de dólar según la tasa oficial.
La escena lo dice todo. En un país donde el salario mínimo sigue congelado en 130 bolívares y las calles vuelven a llenarse por elecciones, justicia y presos políticos, el conflicto ya no es solo gremial: es político y de legitimidad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Las demandas no apuntan a una sola oficina, sino a un sistema que acumula presión en varios frentes: ingresos, servicios públicos, justicia y calendario electoral. Cuando sindicatos, juristas y familiares marchan al mismo tiempo, el mensaje para el poder es claro: el costo social de sostener el statu quo sigue subiendo.
Para la lógica de libre empresa y orden institucional, el problema de fondo es conocido: sin salario digno, sin seguridad jurídica y sin reglas electorales claras, la economía y la vida pública se empobrecen juntas. La protesta en las calles no resuelve ese vacío, pero lo exhibe con crudeza ante un aparato estatal que sigue dando pocas respuestas.
