El vicepresidente de Gas de Pdvsa, Viloria, apareció el jueves 13 de agosto en el canal estatal Venezolana de Televisión con un mensaje de tranquilidad: el abastecimiento de gas metano está garantizado «al 100 %» en Venezuela y existe un plan concreto para reforzar el sistema termoeléctrico. La escena lo dice todo: un funcionario del aparato estatal prometiendo cifras redondas mientras buena parte del país lleva años sin electricidad estable.
La promesa tiene fecha y número. Según Viloria, la meta es alcanzar una entrega al mercado interno de «unos 2.000 millones de pies cúbicos de gas» para diciembre, destinados no solo al sector eléctrico sino también al industrial, doméstico y comercial. La declaración llegó un día después de que el chavismo firmara un addendum de contrato con la multinacional de origen argentino Impsa para reactivar los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar.
Ese contrato tampoco es nuevo. En junio pasado, el régimen encabezado por Delcy Rodríguez ya había suscrito un memorando de entendimiento con Impsa para reanudar las obras. El objetivo declarado entonces por el Ministerio de Comunicación fue incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional mediante el montaje de 10 unidades generadoras.
Tocoma es una historia que resume décadas de gestión estatal. La construcción arrancó en 2007, durante el gobierno de Hugo Chávez, y debía concluir en 2014, según la ONG Transparencia Venezuela. No concluyó. Las obras se paralizaron con un avance de 87,19 %, de acuerdo con la misma organización. Tocoma forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El mismo 12 de agosto en que se firmaba el addendum con Impsa, una nueva fluctuación en el sistema eléctrico venezolano dejó en evidencia —según reportes citados por La Patilla— el grave deterioro de la red. Las fallas en el suministro afectan sobre todo a las regiones alejadas de Caracas, y llevan años siendo una constante.
Las explicaciones divergen según quién hable. El chavismo atribuye los apagones a las sanciones extranjeras, en particular las estadounidenses, y a «saboteos». La oposición y expertos independientes señalan, en cambio, la corrupción y la falta de mantenimiento como causas principales.
Los detalles cuentan la historia. Un proyecto iniciado en 2007, paralizado al 87 % de avance, reactivado mediante memorando en junio y reforzado con un addendum en agosto, mientras el vicepresidente de Gas garantiza en televisión estatal que el suministro está al cien por ciento: ese es el ciclo que describe el sistema energético venezolano bajo el chavismo.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el patrón es difícil de ignorar. Las promesas de cifras —2.000 millones de pies cúbicos, 2.640 megavatios, diez unidades generadoras— se acumulan en el tiempo sin que el servicio mejore para los ciudadanos que pagan el costo real de los apagones: alimentos perdidos, negocios cerrados, hospitales bajo presión. Lo que el aparato estatal presenta como planificación es, en los hechos, la administración de un colapso que lleva años en curso. Mientras la burocracia firma contratos y concede entrevistas en televisión oficial, la infraestructura que debía estar lista en 2014 sigue sin terminar. Esa brecha entre el anuncio y la realidad es, precisamente, el costo que ningún funcionario menciona en cámara.
