La subcomisión mixta rechazó ayer el presupuesto 2027 para educación superior, y esa decisión abrió una nueva disputa sobre el rumbo del gasto público en Chile. Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), salió a respaldar ese rechazo y a cuestionar la lógica con que el gobierno ha defendido su propuesta.
Consultado por Radio ADN, Corrales dijo que era importante reforzar el sistema educacional, pero sin hacerlo a costa de otros niveles. «Nos parece un error confrontar niveles educativos a partir de la hipótesis de que para fortalecer un nivel educativo haya necesariamente que debilitar o reducir los aportes o el financiamiento a, en este caso, la educación superior», afirmó.
El rector insistió en que la educación superior ya opera con márgenes muy estrechos. Según recordó, había anticipado que no tiene espacio para contracciones presupuestarias sin afectar «gravemente el cumplimiento de las funciones misionales de las universidades».
Ese punto es central para entender la trastienda del debate. No se trata solo de una discusión contable entre rectores y autoridades, sino de cómo se asigna el dinero de los contribuyentes en un contexto de estrechez fiscal. El gobierno ha sostenido que el Presupuesto 2027 para Educación pone el foco en los aprendizajes y en la primera infancia, pero Corrales respondió que una política pública seria no debiera debilitar un nivel para fortalecer otro.
El vicepresidente del Cruch también puso sobre la mesa el peso que, a su juicio, tienen las universidades en la capacidad productiva del país. Dijo que las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores explican «el 80% de la productividad científica del país», y que las rebajas al presupuesto deben leerse junto con las que ya se anticipan en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Su argumento va más allá de las salas de clase. Corrales sostuvo que el país no recuperará productividad ni dinamismo con menos profesionales capacitados o con menos conocimiento, y que el camino correcto pasa por «más capital humano avanzado y con más conocimiento».
Para el rector, la señal internacional también importa. Aseguró que no conoce «ningún país que haya alcanzado el desarrollo sobre la base de debilitar a su sistema de educación superior» y agregó que, cuando enfrentan crisis, los países suelen hacer apuestas contracíclicas para invertir más en ciencia y tecnología y en sus sistemas de educación superior.
La subcomisión mixta, entonces, no solo rechazó una partida; también puso en evidencia una tensión de fondo sobre las prioridades del Estado. Corrales dijo que el desenlace debe entenderse como «una oportunidad para enmendar el camino» y lograr «conciliar medios y fines».
La escena lo dice todo. En un país con estrechez fiscal, cada peso reasignado revela una preferencia política: si se protege la educación superior como inversión de largo plazo o si se la trata como una variable de ajuste. El Cruch apuesta por lo primero.
Y allí está el dilema de fondo. El Estado no crea riqueza por decreto; la financia, la regula o la facilita. Cuando aprieta demasiado a las universidades, el costo no se ve solo en balances internos. Se ve después en menos conocimiento, menos capacidad científica y menos margen para que la economía se mueva con mayor productividad. Si el gobierno quiere orientar mejor el gasto público, esa discusión no puede hacerse a costa de debilitar uno de los motores del capital humano del país.
