Tras el escándalo por el apartado de discapacidad incluido en el proyecto de ley de presupuesto, el Gobierno trabaja en una salida «diagonal» para desactivar el conflicto. Según fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso consultadas por LA NACION, habrá cambios en el texto de las proyecciones económicas para 2027, aunque la Casa Rosada no piensa ceder en todos los puntos objetados.
La escena lo dice todo. En el centro de la discusión no está solo la redacción de una norma. Está también el costo político de una decisión que dejó tensiones dentro del oficialismo y con sus aliados de Pro y la UCR.
El proyecto enviado por el Ejecutivo a Diputados elimina la actualización obligatoria de las prestaciones en discapacidad y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios. Ese punto no se habría acordado en la mesa política del Gobierno, según ventiló la senadora Patricia Bullrich.
El plan salió del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y pasó el filtro último del área de Legal y Técnica. Pero dejó esquirlas en el oficialismo. Una parte del Gobierno defendió la redacción y dijo que en el presupuesto se conservó el espíritu de mantener el equilibrio fiscal que pregona el presidente Javier Milei.
Estallada la polémica, hubo una reunión virtual entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la diputada nacional de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, encargada de la conversación con los aliados por discapacidad. Luego se sumó Martín Menem. Esa charla terminó de delinear el punteo que el Ejecutivo pondrá a disposición de los aliados para conseguir un dictamen que el propio grupo llama «superador» respecto de la atención para los discapacitados.
El Gobierno ahora quiere plantear en comisión que, en vez de prorrogar una emergencia, es necesario lograr una legislación permanente. La idea, según la Casa Rosada, es sustituir elementos excepcionales por reglas de fondo. Con eso, sostienen, podrán sacar cuentas y reflejarlo en el proyecto de Presupuesto 2027, con objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control.
Los diputados libertarios que defiendan esa postura criticarán la idea del kirchnerismo de prorrogar la emergencia, que vence a fin de año. Lo harán con énfasis en que pedir nuevas prórrogas mantiene un modelo excepcional, mientras que establecer nuevos parámetros permitiría ofrecer al sector privado un marco normativo con un horizonte claro y más largo.
«Vamos por un texto consensuado que pase de una situación de excepcionalidad a una de permanencia. Estamos trabajando intensamente en lograr un buen dictamen», afirmó a LA NACION una alta fuente de la gestión nacional.
Otra fuente, también al tanto de lo que ocurre en la sede del Poder Ejecutivo, fue más directa: «El Gobierno va a ceder, pero no en todo; se irá hacia un punto intermedio».
La trastienda muestra una pulseada interna. Por un lado están los negociadores, con la dupla Santilli-Menem. Por otro, los fiscalistas, con los Caputo, en línea con Milei. Esa tensión, según las mismas fuentes, se plasmará en la próxima reunión de mesa política, el martes próximo.
La Casa Rosada pretende llevar a sus aliados un texto propio que tome en cuenta parte de las conversaciones ya abiertas. Si los aliados aceptan, la intención del Gobierno es lograr un dictamen favorable el miércoles próximo, como establecía el plan original.
De ahí en adelante, el desenlace tiene varias variantes. Una es tratar únicamente discapacidad y lograr la media sanción, para después adaptar el presupuesto a esa aprobación de la Cámara baja. Otra es esperar a que se dictamine sobre morosidad e ir a sesión con ambos temas. La tercera, que gana fuerza en el ala política de la administración nacional, es sacar dictamen de discapacidad, pero canalizar los cambios vía presupuesto. Así, cuando se traten las proyecciones para 2027, se aprobarían allí las nuevas reglas para el área.
En cualquier caso, fuentes importantes de esta administración aseguraron: «Lo que acordemos tendrá que ir al presupuesto en la misma línea».
También hay otro debate en el Congreso. El Ministerio de Economía propone que tanto la Asignación Universal por Hijo como el resto de las asignaciones familiares dejen de actualizarse automáticamente en base a la inflación de dos meses previos.
Según fuentes de la Casa Rosada, en los tres presupuestos que mandó esta gestión siempre se estipuló de esa manera, y después ese cambio no fue aprobado por los legisladores, por lo que se mantuvo el esquema vigente. En el oficialismo no tienen expectativas de que prospere la anulación de la movilidad.
Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que hay un «compromiso» con garantizar la cobertura de las prestaciones sociales y que, más allá de si se mantiene o no la movilidad, esa cartera tiene un acuerdo asumido con el Fondo Monetario Internacional para que la cobertura orbite alrededor del 95%.
La discusión muestra algo más profundo que una disputa técnica. El Gobierno quiere proteger el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, evitar que el conflicto por discapacidad se convierta en un costo político mayor. La cuenta, una vez más, se hace con dinero de los contribuyentes y con margen estrecho para la burocracia.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Cuando el Estado cambia reglas por presión y corrección interna, no solo reescribe un presupuesto. También deja ver hasta dónde está dispuesto a sostener el orden fiscal sin perder gobernabilidad.
Esa es la verdadera apuesta del oficialismo: ordenar la trastienda, cerrar un dictamen y llegar al Presupuesto 2027 sin romper con sus aliados ni con su promesa de equilibrio. El riesgo es que, en el camino, la discapacidad quede atrapada en una negociación que todavía busca su punto intermedio.
