La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos se movilizó este jueves hasta la sede del Palacio de Justicia de Caracas para exigir medidas administrativas inmediatas y coordinación entre los poderes públicos frente al retardo procesal que, según la organización, afecta a detenidos por motivos políticos en Venezuela.
Representantes de la ONG y familiares de los reclusos entregaron un petitorio formal al presidente del Circuito Judicial Penal de la capital, John Parody, en el que pidieron celeridad para fijar audiencias y tramitar a tiempo las solicitudes de libertad de civiles y militares.
La escena lo dice todo. Afuera del Palacio de Justicia, el reclamo no fue abstracto: estuvo centrado en nombres, expedientes y cuerpos debilitados por la espera. Jessica Castro, activista del colectivo y familiar del detenido Gustavo Hernández, denunció que la inacción judicial agrava las condiciones de reclusión de aproximadamente 60 personas con enfermedades crónicas, cuadros clínicos severos o discapacidades que comprometen su integridad física.
Castro también alertó sobre un patrón de desacato administrativo. Dijo que existen entre 36 y 40 boletas de excarcelación emitidas y firmadas desde hace varias semanas por los tribunales competentes, pero que aún no han sido acatadas por las autoridades de los centros penitenciarios.
Esa cifra se convirtió en el centro del reclamo. No se trata solo de retraso burocrático: los activistas colocaron sobre la mesa la ejecución misma de órdenes judiciales que, según su denuncia, siguen detenidas en la trastienda del sistema penitenciario.
El último balance de la ONG Foro Penal contabiliza 322 presos políticos en Venezuela. De ellos, 308 son hombres, 14 mujeres, 182 civiles y 140 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Las acciones de calle de este jueves se sumaron a denuncias presentadas a inicios de semana por el abogado Eduardo Torres tras la excarcelación del dirigente sindical Orlando Ramírez. Según la información difundida, Ramírez fue puesto en libertad de forma irregular en una vía del occidente del país después de permanecer un mes detenido e incomunicado por protestar por mejoras laborales frente al Ministerio de Transporte.
La vocera de la Alianza insistió en que se atiendan institucionalmente las dificultades que obstaculizan la tramitación oportuna de las peticiones de libertad y que se tomen acciones urgentes para atender a presos políticos con enfermedades graves que ponen en riesgo su vida.
El documento radicado ante el Poder Judicial enfatiza la urgencia de otorgar medidas cautelares sustitutivas de libertad o pases humanitarios para los privados de libertad cuyo estado de salud muestra un deterioro irreversible.
Paralelamente, defensores de derechos humanos anunciaron que acudirán ante la Fiscalía General de la República para interponer denuncias por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cortas, con el pedido de que se investigue la cadena de mando responsable de la no ejecución de las órdenes judiciales de liberación emitidas en la capital.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la presión sobre el sistema judicial no aparece aislada, sino como parte de una acumulación de reclamos por libertad, salud y cumplimiento de decisiones ya firmadas. Cuando un tribunal ordena y otra instancia no ejecuta, lo que queda en el centro no es la retórica política, sino la autoridad del Estado de derecho.
Ese es el desenlace que importa. Si las boletas siguen sin cumplirse, el daño no recae solo en los detenidos y sus familias: también se erosiona la credibilidad del aparato estatal que debería hacer valer sus propias decisiones. Y cuando la atención médica urgente se posterga, el costo humano deja de ser un expediente y se convierte en una responsabilidad pública que no admite más demora.
