El martes 21 de julio a las 10:00 de la mañana, el Arco de la Universidad Central de Venezuela en Caracas será el escenario de una concentración cívica que lleva meses incubándose en la trastienda de los grupos de derechos humanos. La organización no gubernamental Alianza por la Libertad de los Presos Políticos convocó la movilización para exigir la excarcelación de ciudadanos detenidos por razones ideológicas y la aplicación inmediata de beneficios de salud para quienes padecen condiciones médicas severas.
La escena lo dice todo. El arco universitario, símbolo histórico de la autonomía y la disidencia en Venezuela, vuelve a ser punto de encuentro para quienes reclaman lo que el aparato estatal no otorga: información, atención médica y libertad para los presos políticos del país.
La convocatoria, difundida a través de los canales digitales de la organización, llega en un momento de doble presión sobre la población penitenciaria. Los sismos ocurridos el mes pasado agravaron una vulnerabilidad que ya era crítica. Según explicaron familiares de detenidos a la agencia de noticias EFE, la seguridad y el resguardo logístico en los penales disminuyó drásticamente tras los temblores. Los allegados denunciaron deterioro en la alimentación y falta de atención a las estructuras que sufrieron daños por el desastre.
Los detalles cuentan la historia. Mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez condecoró a rescatistas por su labor tras el doble terremoto, el Ejecutivo venezolano no ha ofrecido un balance oficial sobre la situación de los detenidos ni del estado de las cárceles afectadas. La organización Clippve, por su parte, exigió una evaluación de la infraestructura del penal El Rodeo I tras los sismos, según consigna El Nacional. El silencio oficial contrasta con el monitoreo independiente que mantienen los gremios de derechos humanos en las principales regiones del país.
Entre los casos que ilustran la dimensión del problema está el de Hugo Marino, cuya madre exigió información sobre su paradero tras más de 2.640 días desaparecido, de acuerdo con la misma fuente. No es un caso aislado: es el símbolo de una práctica sistemática de opacidad que los organismos internacionales llevan años documentando sin que el régimen haya rendido cuentas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de terremotos. La emergencia sísmica no creó el problema carcelario venezolano, pero lo hizo visible con una brutalidad nueva. Las familias que ya cargaban con la incertidumbre de no saber el estado de salud de sus seres queridos enfrentaron, de golpe, el silencio adicional de una infraestructura dañada y una burocracia que no informa.
Desde Hemisferio, la lectura es directa: lo que ocurre en las cárceles venezolanas no es una falla administrativa corregible con voluntad política. Es la expresión más concentrada de lo que significa vivir bajo un régimen que usa la privación de libertad como instrumento de control ideológico. La convocatoria del 21 de julio en la UCV es, en ese sentido, mucho más que una protesta: es la sociedad civil haciendo el trabajo que el Estado niega hacer, con la única herramienta que le queda, la presencia pública y pacífica.
El principio en juego es elemental. Ningún gobierno que se reclame legítimo puede mantener a sus ciudadanos en cárceles dañadas por terremotos, sin información para sus familias, sin atención médica, y sin siquiera reconocer públicamente que el problema existe. Que sean las ONG y los propios familiares quienes monitoreen la situación dice todo sobre el estado del Estado venezolano.
